ESTA semana, todo el planeta está reaccionando a la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de echar abajo el histórico fallo de Roe vs. Wade. Este fallo, reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo. En realidad lo que introduce esta decisión es quitarle la potestad al gobierno federal de regularlo, dejando en manos de los estados que conforman EE.UU. dicha ley.

En este contexto, las empresas tecnológicas también han tenido trabajo. Y esto es síntoma de su tremenda relevancia en las sociedades actuales. El derecho que entregaba la ley federal tenía su fundamento en el derecho personal a la privacidad. La persona podía elegir. Ahora, bajos leyes estatales, ese derecho parece que se va a diluir en favor de una amplia mayoría de estados que van a restringir dichas libertades personales. Evidentemente, no es este el espacio para discernir sobre ideología o derechos. Pero sí sobre los vínculos que tiene este campo con las empresas tecnológicas.

La cuestión es que ahora mismo buena parte de esa vida privada ocurre digitalmente. Cuando queremos comunicarnos, enviamos un WhatsApp. Cuando nos queremos desplazar, usamos Google Maps. Cuando queremos aprender algo o investigar, lo buscamos primero en Google. Cuando queremos entender cuánto hemos movido nuestro cuerpo un día determinado, miramos en la aplicación del reloj inteligente que tenemos. Y para comprar, vamos a Amazon, si no es que antes hemos hecho uso de algún medio de pago digital. En definitiva, dejamos un rastro importante, especialmente en herramientas gratuitas. Y, acordémonos siempre de esta famosa frase de los economistas que dice algo así como que nada es gratis.

Por todo lo anterior, es fácil que aparezcan preguntas sobre este rastro digital y el eventual interés que tengan los estados que quieren restringir la privacidad para saber quién realmente está incumpliendo la ley y esté queriendo abortar. ¿Podrá ahora de forma extrajudicial un estado solicitar a Google los datos de una persona que haya buscado algo relacionado con el aborto? Si un estado legisla para restringir la capacidad de elección personal, interesarse por lugares donde abortar, sería un delito. Por el cumplimiento de la ley, ¿un sistema judicial puede pedir estos datos, no? Quizás se pueda argumentar que la seguridad del país está por encima de los derechos de la persona. Y esto puede ser así precisamente por ser un asunto de salud.

Ninguna empresa publicitaria de nuestra era (Google, Facebook, etc.) excluye clientes; venden nuestra vida a cualquiera (literalmente). “My Body My Data Act” es una iniciativa que busca limitar qué datos personales generan las aplicaciones móviles que usamos. Recordemos que ahora mismo cualquier aplicación de nuestro móvil puede saber dónde estamos (¿un centro para abortar?), por qué webs navegamos (¿investigar cómo abortar?) o datos biométricos sobre nuestro cuerpo. Estos datos son vendidos en tiempo real por las empresas anteriormente citadas. ¿Dejarán de hacerlo ahora ante tan sensible tema? Tengo mis muy serias dudas. Y evidentemente a los que nos preocupamos de los vínculos de la moral y la tecnología este tema nos preocupa y ocupa.

La senadora Elizabeth Warren (que también se postuló como candidata a presidenta en su día), propuso recientemente una ley para prohibir vender datos relativos a la salud de la ciudadanía. Su iniciativa incluso hablaba de que estos datos jamás llegasen a existir. Como con otras creaciones tecnológicas polémicas, mejor que ni siquiera existan. El minimalismo de datos es más importante que nunca. Y sin embargo, haciendo una rápida búsqueda en Google (que también dejará una traza en mi persona), es difícil encontrar referencias en prensa hablando de ello. Mejor prevenir que lamentar, suelen decir. Hoy es la libertad de los individuos, quizás mañana sea nuestra salud. Y tener cierto marco de referencia sobre el espacio de libertad de actuación de las empresas tecnológicas, pudiera ser bueno. No son buenos tiempos para la innovación en algunos campos.