Expediente para una residencia de Durango por la falta de cualificación obligatoria en una empleada

Fue el 27 de marzo. Sin previo aviso. Y el resultado de la labor de inspección a la atención que se presta en la residencia Tabira Barri de Durango se ha saldado con la apertura de un expediente sancionador. Fueron varias las incidencias y deficiencias detectadas durante el proceso. Higiene, nutrición, seguridad…

Todas han sido corregidas, salvo una: la falta de la titulación obligatoria de una de las empleadas de este centro concertado con la Diputación Foral de Bizkaia. Esta circunstancia ha motivado la apertura de este procedimiento que ahora está sujeto a la valoración jurídica ya que, a pesar de los requerimientos, no ha sido subsanado.

Así lo ha confirmado Amaia Antxustegi, diputada foral de Acción Social, durante una comparecencia en las Juntas Generales de Bizkaia en la que ha dado cuenta de los detalles del proceso y de la labor de control desplegada. Por ejemplo, confirmó que aunque se cumplen las ratios obligados en la atención, fueron detectados “desajustes” en la organización del trabajo con asignaciones de funciones no acordes al perfil profesional, como la preparación de medicación por personal auxiliar o la atribución de funciones de atención por parte de personal de limpieza.

Higiene, seguridad...

En materia de higiene y cuidados no se apreciaron incumplimientos de la norma. Eso sí, en materia de mantenimiento y seguridad fueron identificadas algunas deficiencias: falta de accesibilidad a un extintor, un contenedor de agujas al alcance de las personas usuarias de la residencia o productos de limpieza de la lavandería también a mano. Todas ellas fueron corregidas de forma inmediata durante la misma visita. En este sentido, Antxustegi ha trasladado a los grupos junteros con representación en el Parlamento de Bizkaia que este ‘modus operandi’ de los servicios de inspección del ente foral “desmonta por sí solo esa afirmación que algunos y algunas repiten una y otra vez de que si la visita estuviera avisada difícilmente la inspección habría detectado estas deficiencias”.

Uno de los puntos más sensibles -y que tampoco ha sido subsanado ni alegado por la dirección de Tabira Berri- es el relacionado con la nutrición. Durante la visita se pudo comprobar un “desajuste” evidente entre el número de menús contratados y el de personas residentes.

Lo que dicen los albaranes

Según los albaranes de la firma de catering, durante el mes de marzo los fines de semana en horario de comida y todos los días en cena se suministraban ocho menús, “siendo la ocupación del centro de trece a catorce personas”. Esto significa que las medidas necesarias para garantizar que cada persona tuviera su menú completo no fueron garantizadas. El informe de comprobación posterior -con fecha de 28 de mayo- concluye que este incumplimiento no había sido subsanado.

“No hay en el expediente una situación de malnutrición acreditada, y no consta que hubiera personas sin comer. Pero eso no quiere decir que no haya una infracción. La obligación del centro es garantizar, de forma estricta y acreditable, una alimentación adecuada a cada persona residente y un control suficiente del servicio. Y eso es precisamente lo que el centro no ha acreditado”, ha subrayado la diputada de Acción. Y en este tiempo tampoco ha presentado algún escrito que pueda avalar esa forma de actuar. 

Con todo -y tras el revuelo mediático que acompaña a este centro-, Antxustegi ha querido dejar claro que según la Ley de Servicios Sociales de Euskadi, las infracciones no se califican como “muy graves” al no existir daño directo o trato degradante hacia las personas usuarias, pero son consideradas “relevantes” para la calidad del servicio.

Acreditar y desacreditar

La diputada foral ha insistido durante su intervención, a petición propia tras el compromiso que adquirió en el mes de abril en sede parlamentaria para aclarar lo ocurrido en este recurso asistencial, que la apertura de este expediente sancionador acredita que los sistemas de control funcionan y protegen a las personas residentes. “La existencia de un expediente no desacredita al sistema, acredita que lo controla y que los controles funcionan”, ha resumido. 

Es más, Antxustegi ha hecho hincapié en que no resta importancia ni relevancia a las deficiencias e incumplimientos enumerados. “Que no alcancen la calificación de muy graves no significa, en ningún caso, que no sean relevantes para esta Diputación desde el punto de vista de la atención debida a las personas usuarias o de las obligaciones exigibles al centro. Al contrario, cualquier incumplimiento que afecte a la calidad asistencial, al correcto funcionamiento del recurso o al respeto debido a las personas atendidas debe ser examinado con rigor y dar lugar, en su caso, a las actuaciones que correspondan”, ha concluido.

Más sanciones

Desde las filas de la oposición han agradecido los detalles y explicaciones ofrecidas por Antxustegi, aunque han vuelto a cargar las tintas contra el modelo asistencial y contra la dirección del centro Tabira Berri, que también gestiona otros recursos concertados. El año pasado, el mismo día, todos ellos fueron escrutados por los servicios forales de inspección sin que fueran detectadas vulneraciones, tal y como ha trasladado la titular de Acción Social. Por último, tanto EH Bildu como PP han denunciado que el actual sistema de sanciones no soluciona los problemas y han propuesto endurecerlo.