Una comparecencia en el mes de marzo en la Comisión de Acción Social sobre el centro Tabira Berri de Durango ha motivado que la Diputación Foral de Bizkaia haga públicos los datos de la labor de inspección y control sobre cinco de estas residencias que operan en régimen concertado. Todas bajo la misma dirección. Y todas, con varias multas impuestas en los últimos cursos.

Durante su intervención, Amaia Antxustegi ha subrayado que la detección de anomalías y la imposición de sanciones son la prueba de que el sistema de inspección de la Diputación es "garantista, activo y funciona con rigor técnico y jurídico”.

La diputada de Acción Social ha querido desmentir cualquier idea de dejadez o improvisación en el sistema residencial. "Si algo falla se detecta, se corrige y, si procede, se sanciona", ha declarado, enfatizando que esas multas no son un síntoma de deterioro, sino del funcionamiento correcto de la administración foral. 

Ocho expedientes y 100.000 euros

Antxustegi ha informado que más allá de las medidas disciplinarias de ese centro localizado en Durango (6.000 euros por deficiencias en la ratio de enfermería, limpieza y seguridad en la medicación, cuestiones que fueron subsanadas) la labor inspectora ha derivado en un total de ocho expedientes sancionadores desde 2024 para el conjunto de recursos gestionados por la misma dirección en otros centros (y administradora en otras viviendas comunitarias), que suman más de 100.000 euros. 

Dos sanciones acumula el centro Lezeaga (Basurto), incluyendo una de 33.302 euros en 2024 por asistencia inadecuada e incumplimiento de ratios, y otra en 2025, de 13.800 euros. El centro Zumaia fue sancionado con 7.260 euros por incumplir la ratio de personal en 2024.

El centro Jado recibió una sanción de 36.737 euros por distintos incumplimientos también ese año. Ya en 2025 le fue abierto  otro expediente sancionador por una cuantía de 6.000 euros. Y el centro Piñudi recibió sanciones que oscilan entre los 500 euros y los 7.860 euros por deficiencias en mantenimiento, atención integral y falta de timbres en baños.

La diputada ha concluido asegurando que el Departamento de Acción Social actúa “siempre conforme a la ley para ofrecer veracidad y certeza" a las familias. Asimismo, ha reiterado su compromiso de comparecer nuevamente en sede parlamentaria una vez esté concluido el informe técnico derivado de la última inspección realizada el pasado 27 de marzo en el centro Tabira Berri, para explicar sus conclusiones.