Las viviendas turísticas cobrarán el mismo impuesto por estancia que los hoteles de cinco estrellas

El impuesto que gravará en Bizkaia las estancias turísticas continúa su tramitación con la mirada fijada en su puesta en marcha el 1 de enero de 2027. Las Juntas Generales han incorporado este lunes varias modificaciones al proyecto elaborado por la Diputación Foral; entre ellas, destaca el incremento del tributo que se aplicará en las viviendas turísticas, que será el mismo que se cobrará en los hoteles de cinco estrellas, además de la ampliación de cinco a seis los días que se tendrá que abonar y la aplicación de recargos y bonificaciones en base a la intensidad turística de cada municipio y no únicamente en base a su número de plazas hoteleras.

Este impuesto municipal pretende aportar a los municipios recursos económicos suficientes para hacer frente a la presión que la afluencia turística genera sobre servicios públicos como la limpieza o la seguridad. El impuesto se pagará por un máximo de seis noches y estarán exentos los menores de edad, los viajes subvencionados por programas sociales, las personas con discapacidad y las estancias por motivos de estudio o salud.

La cuantía dependerá, principalmente, de la categoría de los establecimientos: más elevada para los hoteles de cinco estrellas, los cruceros y las viviendas turísticas, e inferior para los campings y los establecimientos rurales. A esas cuantías cada ayuntamiento podrá aplicar las bonificaciones o recargos que considere. Las localidades que tengan pocas -o ninguna- plazas turísticas, podrán, a través de una bonificación del 100%, hacer que los turistas no tengan que pagar nada por pernoctar en sus establecimientos, y los que tengan una mayor presión turística podrán incrementar en un 50% el tributo. La Diputación calcula que los ayuntamientos ingresarán entre 10 y 20 millones de euros a través de este nuevo tributo, en función de la categoría de sus establecimientos, sobre los que habría que añadir las bonificaciones y recargos que cada uno establezca.

Debate de enmiendas

La comisión de Hacienda de la Cámara vizcaina ha debatido las enmiendas, tanto totales como parciales, que se habían presentado los grupos políticos. Tras rechazar, con el único voto a favor de su proponente, la enmienda a la totalidad pidiendo la devolución del proyecto del PP, el resto de grupos han aprobado todas las modificaciones planteadas por Elkarrekin Bizkaia. EH Bildu ha retirado las que había registrado.

En total, son siete las enmiendas acordadas entre la coalición morada y los equipos que sustentan al equipo de Gobierno foral, un acuerdo al que también se ha sumado EH Bildu. La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga ha considerado el impuesto "una herramienta clave que nos ayuda a decidir y definir el modelo de turismo que queremos, que debe ser sostenible, equilibrado y compatible con la vida de la gente" y ha destacado que con estos cambios se logra un tributo "más progresivo, más flexible y, sobre todo más útil para que cada ayuntamiento lo pueda adaptar a su realidad".

Uno de los cambios de más calado es la introducción del concepto de intensidad turística. En el texto original, y aunque todos están obligados a establecer este impuesto, los ayuntamientos de los municipios con menos plazas turísticas -25 o menos- podían establecer una bonificación de hasta el 100%, eliminando de facto el pago del mismo. Lo mismo ocurre a la inversa: cuando una localidad tiene más de 750 camas, se pueden establecer recargo extras de hasta el 50%, pasando por ejemplo de abonar 5 euros a 7,5 por noche. ¿El problema? Que no se notan lo mismo 600 camas en un municipio de 5.000 habitantes que en uno de 50.000.

Intensidad turística

Para De Madariaga, el porcentaje de plazas respecto a los habitantes es un indicador "clave para medir de forma objetiva" la presión del turismo en cada municipio. Y en base a él se establecerá la posibilidad de establecer bonificaciones cuando tengan menos de 25 plazas o una intensidad inferior al 1%. Esto es, menos de una cama por cada cien habitantes. "Con esto evitamos un impuesto uniforme para realidades que son distintas: donde la presión turística es prácticamente inexistente debe primar la proporcionalidad y evitar cargas innecesarias", ha defendido. Un ejemplo: en Zalla un solo hotel supera ya las 25 camas, por lo que en principio no podría haber aplicado bonificaciones pero sí lo podrá hacer teniendo en cuenta su presión turística. En la misma situación están Abanto y Zierbena, Güeñes o Ermua.

También para el caso de los recargos: ahora se tendrá en cuenta el porcentaje respecto a la población y no solo el número de plazas de alojamiento. Podrán incrementar hasta en un 50% más el gravamen que se establezca si tiene más de 750 plazas, y, en los de más de 5.000 habitantes, cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%. "Esto va a permitir que municipios como Gorliz, que hasta ahora quedaba fuera de poder aplicar esto, tengan la posibilidad de hacerlo", ha apuntado la portavoz de Elkarrekin Bizkaia. "No se trata de recaudar más sino de reforzar la capacidad de inversión pública allí donde existen mayores tensiones sobre la vivienda, los servicios públicos y el entorno urbano".

Cruceros y viviendas turísticas

También se han modificado la cuantía que se abonará por noche, aumentándola en aquellos tipos de alojamiento que "ejercen mucha presión y que provocan importantes impactos negativos, como son los cruceros o las viviendas de uso turístico". La norma foral no establece el importe del impuesto, sino que fija una horquilla dentro de la que cada municipio tendrá después autonomía para elegir el que considere más adecuado. Cada crucerista pagarán entre 6 y 7 euros por noche, cuando en un principio se preveían entre 2,5 y 5, convirtiéndose de hecho en el tipo de alojamiento con el mayor impuesto turístico, mientras que en las viviendas turísticas se pasará de cobrar entre 2 y 4 euros a estar entre 4,5 y 6,5. De hecho, el mismo margen que se establece para los hoteles de cinco estrellas, para los que también se incrementan los márgenes, de entre 2,5 y 5 a entre 4,5 y 6 euros; también los de cuatro se moverán entre 3,5 y 5,5, en lugar de entre 2,5 y 5 euros.

Otro ámbito que se ha cambiado será el de máximo de días durante el que se aplica el impuesto: la intención inicial era que se pagará un máximo de cinco días, aunque finalmente los turistas estarán obligados a pagar hasta seis, "por una mayor coherencia entre el impacto de las estancias y la contribución efectiva que hacen".

En el ámbito social, pasan a quedar exentas no solo las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o un grado de dependencia 2 o 3, sino también su acompañante, "ya que en muchos casos no pueden viajar solas o requieren apoyos durante el viaje. De esta forma evitamos cargas adicionales sobre quienes ya se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad".

Por último, se va a establecer que la norma foral se revise cada dos años, "porque el turismo cambia y las herramientas tienen que poder evolucionar y adaptarse de forma rápida a los acontecimientos".