El caso del palacete de Getxo ha estado presente en la mañana de este jueves en la comisión de Territorio local, donde ha quedado confirmado que el expediente sancionador a la empresa por parte del Consistorio ha sido reiniciado y que, además, contará con una nueva persona instructora. Asimismo, la concejala del PNV Janire Ocio ha insistido en que el Ayuntamiento “ha colaborado y seguirá colaborando facilitando toda la documentación necesaria” pero que, por “responsabilidad institucional”, los dirigentes getxoztarras no van a “realizar valoraciones” de la investigación judicial en curso. Es una postura que sigue la misma línea que la del Gobierno vasco, tal y como expresó su portavoz, María Ubarretxena, el pasado martes.
El equipo de gobierno de Getxo ya abrió un proceso administrativo para multar a la promotora del proyecto por haber incumplido la licencia de obra al derribar por completo el edificio –el permiso concedido obligaba a mantener sus cuatro fachadas, salvo los miradores–. El Consistorio sancionó con 50.000 euros a la cooperativa, pero EH Bildu consideró esta cantidad “irrisoria” e interpuso un recurso, que fue estimado. Por eso arranca un nuevo 'análisis' a nivel municipal. Se reinicia, por tanto, esta investigación administrativa y lo hará con nuevos ojos, puesto que, tal y como ha desvelado esta mañana el concejal de Disciplina Urbanística, Álvaro González, habrá otro responsable como instructor distinto al del primer expediente. “Nombraremos a la persona más adecuada y que cumpla con los requisitos”, ha destacado. Precisamente, EH Bildu había propuesto que se cambiara ante “la presión” que pueda sentir la figura antecesora. “Nos parece apropiado que gestione ahora el expediente una persona que no ha estado relacionada con el proceso”, ha comentado Ibon Rodríguez, que también ha señalado que esta petición ha sido impulsada, de igual modo, para que “no prescriban las sanciones administrativas”.
Y es que, en la actualidad, el caso del palacete está siendo investigado en el terreno administrativo, por parte del Consistorio con todo este expediente, y en el judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo, que decidirá si hay pruebas para iniciar juicio oral o si procede al archivo. De hecho, esta situación es la que suscita dudas al concejal del PP Eduardo Andrade, ya que opina que mientras la vía judicial está abierta “la administrativa debe paralizarse”, según ha trasladado en la comisión.