“Alguien tiene que ser responsable de todo eso”. Ya lo dijo en el arranque del juicio y hoy lo ha vuelto a subrayar Aitzol Asla, el abogado de las 42 familias personadas en este caso. Como acusación particular quieren que la sentencia reconozca que han dicho la verdad en todo momento, que M.I.R.M. no vacunó correctamente a sus hijos. Y que pague por ello; de ahí que hayan mantenido su petición de ingreso en prisión. No obstante, a juicio del letrado, este proceso deja sin resolver otra de las cuestiones que inquieta a esas madres y esos padres: a qué persona o institución hay que pedir responsabilidad por el proceder de la encausada mientras fue la enfermera de sus hijos en el centro de salud de Kabiezes, en Santurtzi.
En este sentido, es de esperar que en próximas fechas sus clientes empiecen a recabar otro tipo de pruebas para abrir una nueva pieza –vista para sentencia ya la vía penal ahora irían por la administrativa– vinculada a este caso. Los argumentos están, la estrategia también, pero faltan más datos para poder armar esa nueva demanda que buscaría reclamar que alguien asuma su carga en todo este asunto. Cierto es que el Servicio Vasco de Salud asumió los costes derivados de la revacunación –en muchos casos había medicamentos de pago– y los gastos de personal. En total, algo más de 20.000 euros.
"Escándalo" y "quebrantamiento"
Pero más allá de lo económico, las familias que esta semana han desfilado por la Sala Tercera de la Audiencia de Bizkaia quieren que una resolución judicial explique el motivo por el que se mantuvo en su puesto de trabajo a esta sanitaria con firmes creencias antivacunas. Los hechos denunciados –que saltaron a la luz en octubre de 2022– significaron un “escándalo” y un “quebrantamiento de la confianza ciudadana” en la salud pública, enfatizó Asla, quien calificó de “grave” que el expediente disciplinario fuera archivado tras ser abierta la vía penal, y no a petición de Osakidetza, precisamente. “Entendemos que esta traición que los padres han sufrido del sistema merece respuesta adecuada por la Justicia”, concluyó el abogado de las familias.
Por su parte, el letrado que ha velado por los intereses del Servicio Vasco de Salud en todo este proceso defendió durante su intervención la respuesta “impecable” dada desde que se tuvo conocimiento de aquellas cuatro primeras denuncias en septiembre de 2022. En una línea similar se expresaba el actual consejero de Salud, Alberto Martínez, quien ayer apuntó que en cuanto se tuvo conocimiento de las primeras quejas, “se puso a una persona al lado para tutelar a esta persona hasta constatar que realmente aquellas quejas que habían llegado, eran efectivamente así”. El relato cronológico es claro en este sentido: M.I.R.M. cogió la baja el 12 de septiembre, cuando esas primeras querellas tomaron cuerpo jurídico o, como dijo el letrado de Osakidetza, “cuando ha sabido lo que ocurría”.
