Tres años después de que se destapara el caso de una enfermera del ambulatorio de Kabiezes, en Santurtzi, que no vacunó a 400 niños, hoy comienza el proceso judicial que llevará a esta mujer ante la justicia en la Audiencia de Bizkaia en un juicio que se alargará hasta este viernes 19 de septiembre. Las casi 50 familias personadas en la causa solicitan 12 de prisión para esta profesional que simulaba vacunar a los niños, pero que en realidad no lo hacía. Además, esperan que su petición sirva de “castigo” para esta enfermera que puso en riesgo la salud de centenares de menores.
La Fiscalía, por su parte, deja la petición de condena en 7 años y medio como autora de sendos delitos continuados de daños agravados y de falsedad documental además de una multa de 18.240 euros para esta sanitaria, que ejerció como enfermera pediátrica en el centro de salud del barrio santurtziarra desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022. En este tiempo tenía que haber inoculado las vacunas a un total de 404 niños y niñas pero de manera “consciente” no las puso a la vez que rellenaba la cartilla de vacunación como si las vacunas se hubieran puesto.
Impotencia
Las familias afrontan el juicio “con ganas para contar todo lo que vivieron”, señaló a Efe su abogado representante, Aitzol Asla, quien explicó que las familias reclaman más años de prisión para la sanitaria porque, además de los delitos que le imputa el Ministerio Fiscal, reclaman “malversación de fondos públicos”. Esta petición está ligada al desecho de dosis de vacunas valoradas en unos 26.700 euros y, tras descubrir esa manera de actuar de la profesional, el Servicio Vasco de Salud tuvo que inocular vacunas a menores afectados por un valor de 5.300 euros.
Según Asla, los padres y madres afectados desean explicar al tribunal cómo oyeron a la enfermera comentarios contra las vacunas así como recomendaciones de “dejar a los niños corres descalzos por la hierba”. “Ella manifestaba abiertamente que estaba en contra de las vacunas” y, de primeras, las familias pensaron que “solo eran criterios personales, algo extravagantes”, aunque posteriormente comenzaron a sospecha de su conducta.
La primera persona en declarar hoy en el juicio será la acusada y a lo largo de las cinco sesiones testificarán 70 personas entre padres de menores afectados, responsables de la investigación interna que hizo Osakidetza, compañeros de la enfermera y los peritos.
Sospechas de las familias
El caso se destapó en otoño de 2022 cuando el Departamento de Salud del Gobierno vasco comenzó a realizar un estudio de inmunidad a 50 menores, cuyo centro sanitario de referencia era el de Kabiezes, tras las sospechas trasmitidas por varias familias de que no estaban siendo vacunados, tal y como ratificaba la enfermera en sus cartillas de vacunación. “Los movimientos muy rápidos y extraños” que realizaba cuando inyectaba las vacunas levantaron las dudas entre las madres y padres de los pequeños.
Al ser conocedor de las sospechas que tenían los progenitores sobre la sanitaria encausada, el Departamento de Salud, en aquel momento encabezado por Gotzone Sagardui, contactó con las familias que podían haber sido afectadas para realizar exámenes serológicos a los menores. “En aquellos casos en los que en los análisis realizados no se hayan detectado unos niveles adecuados de anticuerpos en respuesta a una vacuna concreta, Osakidetza está indicando una dosis adicional”, señalaron en octubre de 2022.
La inquietud se desató en las familias afectadas de Santurtzi que reclamaban “una solución completa y concreta a este problema”. Desde Salud aseguraron que era “entendible la incertidumbre de las familias y por ello se ha intentado actuar con celeridad y ofrecer soluciones para garantizar una correcta inmunización de sus hijos e hijas”. Además, Osakidetza abrió un expediente para analizar la actuación de la profesional sanitaria.
Inicio del proceso judicial
Ante esta situación, las familias comenzaron a organizarse para emprender acciones legales contra la enfermera que atendía a sus vástagos. Y en febrero de 2023 presentaron una demanda en la que pedían que se retirase el número de colegiada a la enfermera -imprescindible para poder ejercer- a la vez que el juez estudiaba su posible imputación por los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos.
La fase de instrucción concluyó en junio de 2024 y la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo apreció indicios de los delitos de falsedad documental y daños. La magistrada consideró que la actualmente imputada “introducía las agujas de las jeringuillas” en los menores “sin llegar a inocular el contenido de las mismas, no realizando las vacunaciones pero anotándolas como realizadas”.
Todo ello se dirimirá desde hoy y hasta el viernes en la Audiencia de Bizkaia, que tendrá que decidir sobre un caso que puso en alerta a decenas de familias de Santurtzi.
