La Diputación de Bizkaia ha abierto tres expedientes y ha sancionado con 23.500 euros a una residencia de Sestao por incumplir la normativa en aspectos como el ratio de personal o utilizar sujeciones sin prescripción médica. El centro ha recibido doce quejas a lo largo del último año, una cifra que ha ido en aumento desde 2020 y en las que las familias de los residentes muestran su preocupación por errores en la administración de los medicamentos, caídas de los usuarios, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, la calidad de la comida o falta de información.

La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha comparecido este martes en las Juntas Generales a petición de EH Bildu para informar sobre las quejas y expedientes abiertos a la residencia para personas mayores Albiz Santiago Llanos, en Sestao, gestionada por el Grupo Babesten y que cuenta con 134 plazas. En concreto, según ha detallado su apoderada Izaskun Duque, en 2020 se recibieron en la Diputación dos quejas de familiares, seis el año siguiente, cuatro en 2023 y 12 el año pasado, con un total de tres expedientes abiertos en ese periodo. "Estamos preocupados tanto por el importante número de quejas que acumula este centro como por las cuestiones que se recogen en ellas. La situación se viene alargando en el tiempo", ha lamentado.

La responsable foral ha detallado que el año pasado se recibieron en la Unidad de Atención de Personas Usuarias una docena de quejas en relación a este centro, una de ellas firmada por 371 personas, a las que hay que añadir otras dos presentadas recientemente. En relación a ellos, se abrieron en 2024 tres expedientes de seguimiento, para comprobar que la residencia había cumplido con las medidas planteadas para subsanar las deficiencias. Estas quejas estaban relacionadas con diversos aspectos como el ratio de personal, la limpieza de las instalaciones, la falta de información a las familias, errores y cambios en la medicación, las sujeciones o las dificultades para contactar con el servicio médico.

Como consecuencia de esas quejas y las comprobaciones llevadas a cabo desde el departamento de Acción Social, se han interpuesto cinco sanciones que suman 23.500 euros: 12.001 por incumplimiento de ratio, 5.000 por utilizar sujeciones físicas sin prescripción médica, 3.000 por atender de forma inadecuada a un residente y otros tantos por incumplir el plazo para corregir deficiencias, y una amonestación por no haber actualizado un registro.

Antxustegi ha señalado que todas las quejas recibidas, salvo la última, han sido atendidas y ha animado a las familias a utilizar esta vía, para lograr que las personas que viven en las residencias del territorio estén bien atendidas. Asimismo, ha asegurado que en la última visita al centro se constató que se cumplía el ratio de personal pese a "las dificultades que tienen las residencias para contratar a personal del ámbito sanitario, sobre todo de enfermería y medicina".