La retirada de amianto y el derribo de la antigua fábrica de Dalia, en Gernika, ya en marcha, se prolongará durante siete meses y medio, por lo que está previsto que esté concluida el próximo mes de enero. Posteriormente, la que será una de las dos sedes de la ampliación del Guggenheim en Urdaibai deberá acometer la descontaminación del suelo y de las aguas subterráneas, antes de poder recibir la declaración de calidad del suelo y uso como equipamiento museístico.
Así lo ha explicado este miércoles el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, en el pleno de control que, como cada junio, se celebra en la Casa de Juntas de Abellaneda, en Sopuerta. Al mismo han acudido el presidente de la Mancomunidad de Enkarterri, Martín Pérez Garmendia, y los alcaldes y alcaldesas de Galdames, Raquel Larruscain; Gordexola, Ángela Egia; Zalla, Unai Diago; Artzentales, Iosu Udaneta; Lanestosa, Belén Fernández, y Lanestosa, Unai Arregi, así como la teniente de alcalde de Turtzioz, Sheila Rasines.
En su respuesta a EH Bildu, Alzaga ha recordado que, fruto de la actividad industrial de la antigua cubertera, los suelos y espacios donde se ubicará una de las futuras sedes museísticas están contaminados, por lo que es necesario acometer en primer lugar una recuperación ambiental de los mismos que se va a desarrollar en diferentes fases.
La primera que se completó fue el vaciado de todos los elementos que se encontraba en el interior de las naves, donde había "material de todo tipo: peligrosos, no peligrosos, residuos urbanos...", ha enumerado el diputado. Fueron empresas especializadas y homologadas las que se hicieron cargo de la retirada de cada una de las tipologías y que estuvieron supervisadas por la firma Dinam, encargada de certificar que recibían el tratamiento adecuado.
El proceso entró el pasado 10 de junio en una nueva fase, la que se encargará de desamiantar y derribar el edificio. En primer lugar, personal especializado y dotado de los equipos de protección adecuado retirarán las placas de microcemento que contienen amianto, un trabajo que se prolongará durante 10 semanas y tendrá un coste de 116.000 euros. Posteriormente, se demolerán las ruinas, para lo que serán necesarios otros cinco meses y están contratadas por 339.000 euros.
Será entonces cuando habrá que acometer la recuperación ambiental de la parcela, que también se llevará a cabo a través de dos procesos diferenciados. Lo primero será retirar las soleras y cimentaciones, "que se hará de manera diferenciada para tratar de alterar lo menos posible el estado de los suelos potencialmente contaminados". Será también el momento de afrontar la recuperación de esos suelos y las aguas subterráneas, "parcialmente contaminados por la actividad de una empresa con tratamientos químicos del metal como corresponde a una cubertera".
La Diputación ya sabe lo que se van a encontrar en esa tierra, metales pesados y PCB que, según ha avanzado Alzaga, "no deberían tener mayor problema en ser tratados siguiendo los procedimientos técnicos correspondientes". Otra cosa, ha admitido el propio diputado foral, son las aguas subterráneas, cuyo tratamiento será "técnicamente más complejo" ya que impregnan todo el entorno con diferentes niveles de contaminación y componentes clorados.
La solución, en este caso, pasa por un tratamiento in situ o un bombeo, una cuestión que se analizará conjuntamente con Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno vasco, y la Agencia Vasca del Agua, URA.
Completadas todas esas fases, se llevará a cabo una caracterización del suelo, que con toda probabilidad precisará de pruebas complementarias y un nuevo análisis cuantitativo de sus riegos. Finalmente, la Diputación solicitará al Gobierno vasco la declaración de la calidad del suelo y la modificación de su clasificación para poder acoger un equipamiento museístico.
