La Diputación Foral de Bizkaia detectó el año pasado 136 incumplimientos en centros de servicios sociales del territorio, dentro de las 536 inspecciones que se cursaron en residencias, centros de día y viviendas comunitarias tanto públicas como privadas. En total, 61 de estas inspecciones que llevó a cabo el departamento de Acción Social realizaron tras ser interpuesta alguna denuncia.
Los datos han sido aportados este lunes por la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, en una comisión de las Juntas Generales en la que ha comparecido a petición de EH Bildu por las denuncias de las familias de los usuarios de la residencia Domus Arandia de Arrigorriaga, "debido a la falta de personal y la mala calidad delas comidas, entre otras muchas deficiencias", ha recogido su apoderada, Izaskun Duque. Según los familiares, el equipo médico para atender a los 122 residentes del centro está compuesto por nueve auxiliares, un médico y dos enfermeras, "que solo están de lunes a viernes únicamente por las mañanas".
Antxustegi ha recordado que "todos y cada uno" de los centros de servicios sociales de Bizkaia, "sin excepción, sean de titularidad pública o privada", tienen que recibir la autorización de la Diputación para empezar a prestar servicio y se inspeccionan de forma periódica también por parte de la institución foral. "Inspeccionar es un ejercicio de responsabilidad en la prestación de los recursos públicos, y de garantía y protección de las personas usuarias. La inspección, supervisión y control de los centros de servicios sociales pretende garantizar que todos ellos cumplen la normativa reguladora", ha subrayado la diputada foral.
61 inspecciones por denuncia previa
El departamento de Acción Social llevó a cabo 536 inspecciones a lo largo del año pasado, frente a las 517 de 2022. De ellas, 225 fueron en residencias (204 el curso anterior), 63 en centros de día y 71 en viviendas comunitarias y apartamentos tutelados, "todas ellas con visita presencial". Del total de controles, 61 se llevaron a cabo como consecuencia de una denuncia previa y el resto se cursaron de oficio.
En estas inspecciones, los servicios forales detectaron 136 vulneraciones de la normativa vigente, que afectaban fundamentalmente a los requisitos materiales que deben cumplir los centros. Estos incumplimientos se localizaron en 72 residencias para personas con dependencia, 25 en viviendas comunitarias y nueve en centros de día.
Antxustegi ha destacado que velar por el bienestar de los usuarios de estos servicios es "nuestro primer mandato" y ha asegurado que "si tenemos que imponer una sanción a una residencia para garantizar esos cuidados no lo dudamos. Lo hacemos siempre que es necesario". Es más, ha reiterado que "hacemos más controles que nunca y podemos decir que tenemos un buen servicio residencial".
Expediente en Arrigorriaga
En relación al caso concreto de la residencia Domus VI Arandia de Arrigorriaga, a la que se ha abierto un expediente, Antxustegi ha destacado que antes de la inspección de oficio que se realizó al centro el pasado 25 de diciembre, "no se había recibido denuncia o queja alguna". En aquella visita se comprobó que los timbres de llamada de algunas habitaciones y baños no funcionaban correctamente, por lo que se dio a la dirección un plazo para subsanar dichas deficiencias, ante la que la residencia solicitó una prórroga.
Esa prórroga se concedió, finalizando el plazo el 10 de enero. En esa fecha, se remitió al servicio de Inspección de la Diputación el plazo en el que preveían que iban a poder acometer las obras, por lo que la institución foral le pidió que pusiera en marcha, en el plazo de cinco días, medidas para garantizar la seguridad de los usuarios en tanto no se arreglaran los timbres.
El 1 de febrero se comprobó que la dirección de la residencia no había establecido ninguna medida adicional para aumentar el número de rondas de supervisión de las habitaciones y baños de los residentes. En el informe final, que se notificó al centro el 15 de febrero, se concluyó que la residencia no había subsanado las deficiencias detectadas en relación a los timbres de llamada, incumpliendo el decreto que obliga a sus titulares "a adoptar las medidas necesarias para subsanar los incumplimientos de la normativa que se hubieran detectado".
La dirección remitió a Inspección el presupuesto para reparar los timbres el 14 de febrero, con un plazo de entrega de materiales de entre cuatro y seis semanas, y dos semanas de ejecución de los trabajos, a iniciar el 11 de marzo. El jueves de la semana pasada, día 14, se confirmó que la reparación del sistema había comenzado dos días antes y que está previsto que finalice este próximo viernes.
Ratios de personal
También se ha comprobado que el centro no cumplía los ratios mínimos obligatorios de personal de medicina y enfermería, por lo que se dio al centro un mes para subsanarlo. Desde la dirección se ha notificado que ya se ha corregido "y en breve se hará una inspección" para comprobarlo, ha avanzado Antxustegi. No ha sido el caso, sin embargo, de la calidad de las comidas que se sirven en la residencia, en relación a la cual "no se han detectado deficiencias".
