El Ayuntamiento de Getxo tendrá que repetir el procedimiento de adjudicación de la OTA tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que toma en consideración la demanda de la empresa que no resultó la beneficiaria para gestionar el estacionamiento regulado en la localidad. Esta circunstancia, no obstante, no tendrá consecuencias en el funcionamiento habitual del servicio “en lo referido a las tarifas, a la zonificación, ni a ningún otro de los aspectos”, enfatizan desde el equipo de gobierno.

La nueva OTA fue asignada en septiembre de 2011 a la sociedad Eysa. La otra postulante, Setex-Aparki, fue excluida de la licitación por “incurrir en baja anormal o desproporcionada”, por lo que presentó una reclamación ante el Órgano de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC), que dio la razón al Consistorio getxotarra. Sin embargo, la empresa continuó demandando por la vía judicial y acudió al TSJPV, cuya resolución se ha hecho firme recientemente y obliga al Ayuntamiento a retrotraerse en actos y considerar como válida la oferta presentada por esta aspirante. Por lo que la institución local deberá ahora analizar las propuestas de las dos entidades y efectuar una nueva concesión del servicio. En este sentido, tal y como indicaron ayer jueves desde el equipo de gobierno, los servicios jurídicos y técnicos municipales “están trabajando con las dos empresas que han estado involucradas para desarrollar la posible transición sin que afecte a la ciudadanía”.

Este es otro bache administrativo con la nueva OTA, cuya adjudicación se llevó a cabo en 2021 mediante un contrato para cuatro años, con un canon anual a abonar al Consistorio de más de 305.000 euros. Esta renovación del sistema de pago por aparcamiento incluyó la sustitución integral de parquímetros, la incorporación de avances tecnológicos en cuanto a lectura de matrículas y flota de vehículos eléctricos, así como la ampliación del servicio en más calles de las zonas preexistentes y su llegada a Romo, Santa Ana y Ereaga/Puerto Viejo (en este último caso, solamente durante la temporada estival). El primer recurso al OARC de la empresa no seleccionada implicó el retraso en la puesta en marcha de estas novedades. En vez del 1 de enero de 2022, los cambios entraron en vigor el 1 de junio de ese mismo año, una vez se pronunció este órgano a favor del Ayuntamiento.