Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio y lo cierto es que si hay pillos, desalmados, jetas o como se les quiera llamar que son capaces de hacer de su capa un sayo y beneficiarse por la puerta de atrás de los resquicios de un sistema social garantista, siempre cabe el doble salto mortal. Y sino que se lo digan al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena que este miércoles compareció en sede judicial para asistir a un juicio contra una familia que ha reocupado el antiguo bar merendero de Los Castaños. Así como suena.
El pasado 4 de julio el Ayuntamiento minero tuvo conocimiento de que una familia con menores a cargo se instaló en el antiguo bar merendero de Los Castaños, un local que utilizaban las brigadas municipales como almacén de materiales y maquinaria y que –tal como confirmaron entonces fuentes municipales– “no cuenta con la preceptiva cédula de habitabilidad”.
El Ayuntamiento actuó entonces de oficio ante la ocupación del inmueble y requirió el abandono de la propiedad a los presuntos inquilinos, quienes llegaron a alegar en redes sociales que contaban con un contrato de alquiler del Ayuntamiento minero. Un extremo que fue negado por activa y por pasiva desde la Alcaldía.
Cesión
No hubo manera y el Ayuntamiento inició los trámites legales para lograr el alzamiento de los okupas. Algo que se ha paralizado ya que según informó ayer jueves el alcalde la localidad Iñaki Urrutia, “en este ínterin se ha producido el abandono de la propiedad por parte de la primera familia que ocupó el local municipal y según nuestras noticias se han trasladado a la casa de un familiar en la localidad de Ortuella”.
Sin embargo, ello no ha devuelto la tranquilidad a las autoridades municipales ya que en las mismas fechas en la que la primera familia abandonó el local otra familia –empadronada en Abanto-Zierbena– se instaló en el local. “Ello nos ha llevado a abrir un nuevo proceso de desahucio contra estos nuevos okupas que tuvo este miércoles una sesión judicial en la que comparecimos tanto el Ayuntamiento, como propietario del local ocupado, como la familia ocupante del mismo que alegó que se ha instalado allí por carecer de recursos habitacionales”, indicó el regidor abantoarra. “Estamos por tanto a la espera de la resolución de este juicio rápido por vía penal”, señaló Urrutia.
