Parece que llueve sobre mojado. El 21 de diciembre de 1900, el diario El Socialista recogía en sus páginas una información de La Lucha de clases en la que daba cuenta de los “desafueros” cometidos por los dueños de la mina Peñusco de la Mendiola, en Gallarta. Estos propietarios, “sin pararse a reflexionar lo abominable de la obra que iban a emprender, ordenaron que se hicieran excavaciones al pie mismo del cementerio. Puesta en práctica la orden dada, las gentes vieron con horror desechas muchas fosas y arrastrados muchos cadáveres fuera del recinto mortuorio con el desprendimiento de las tierras”. Los vecinos indignados convocaron una concentración pacífica ante el Ayuntamiento y por no contar con la pertinente autorización incluso se detuvo a once vecinos mientras “los dueños de la mina, los autores del hecho salvaje, gozan, hasta ahora, de completa libertad”, rezaba el noticiario.
Eran otros tiempos y, sobre todo, eran la obra de empresarios privados que, por lo relatado, no dudaban ni en molestar a los difuntos para así aumentar su cuenta de resultados. Tal vez por ello, hoy día resulta más hiriente para los promotores del Museo de la Minería del País vasco la falta de empatía demostrada por la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda, pretendiendo monetizar la parcela aledaña al museo de Campodiego, en la que se encuentra la cuadra-taller de la mina Peñusco de la Mendiola , y ofertarla a la entidad cultural sin ánimo de lucro por un precio que superaría los 200.000 euros. Planteamiento especialmente doloroso, máxime cuando, en su plataforma virtual, la SEPIDES presume de un modelo de gestión sostenible en el que no sólo se evalúan “el rendimiento o la rentabilidad económica de los proyectos, sino también criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno”.
La parcela a sumar al desarrollo de la ampliación del parque minero ocupa una superficie de unos 7.000 metros cuadrados –de los que se necesitarían al menos 2.000 para el encuadrarla con las actuales instalaciones– y está ubicada en una ladera formada básicamente por rellenos de mineral. Aparece catalogada como suelo industrial con destino comercial.
“Ello abre la puerta a que SEPIDES (división inmobiliaria de la SEPI) pueda desarrollar la construcción de un pabellón de lo que sea, para uso comercial, y tirar la cuadra taller modificando todo ese entorno que estuvo ligado directamente a la explotación de la mina Peñusco- Mendiola, como las dos casas mineras que se han rehabilitado con apoyo del Gobierno vasco, o la propia boca de la mina, que sí están dentro de la parcela del futuro parque cultural y que también se pretende musealizar”, advierte desde el Museo Minero de Abanto Zierbena el director de su Fundación, Aitor Uriarte quien ahonda en la necesidad de conservar este importante patrimonio. “No estamos dispuestos a pagar un duro”, expresó Uriarte.
Una preocupación que ha llevado a los responsables de la fundación encargada de velar por el patrimonio minero a solicitar el apoyo de las fuerza políticas que concurrirán a las próximas elecciones municipales para salvaguardar la cuadra taller, un Bien de interés Cultural. En la misiva, remitidas a las cinco fuerzas políticas que cuentan con representación municipal (PNV, PSE-EE, EH Bildu, Indaz y Elkarrekin Podemos) el Museo minero plantea que “el Ayuntamiento debe conseguir la integración de la parcela de la Cuadra Taller Peñusco Mendiola en el espacio del museo. En primer lugar, se debe incluir el edificio de la cuadra taller y su entorno inmediato dentro del catálogo municipal, dotándalo de protección cultural”.
Gobierno central
Una catalogación proteccionista que debe verse acompañada por el inicio de una “negociación inmediata con SEPIDES y conseguir el traspaso de dicho espacio al museo”, inciden. En este sentido, fuentes del equipo de gobierno municipal de Abanto Zierbena señalaron a DEIA que ya se han mantenido algunas reuniones con los representantes de la empresa pública, “aunque de momento las posturas están muy alejadas del objetivo de una donación, una venta simbólica o de una cesión de la parcela condicionada a la existencia del Parque Cultural de la Minería”, apuntan.
La propuesta del Museo Minero a las fuerzas políticas incluye un segundo punto en el que evidencian la necesidad de reorganizar el espacio de circulación en torno al museo, flanqueado por las vías que recorren el polígono Abra industrial y acceden al barrio de La Orconera. Con esta propuesta, “se trata de disminuir la posibilidad de accidentes y atropellos y, reservar el espacio necesario para el aparcamiento de autobuses, una cuestión fundamental en todo espacio cultural y turístico”. En este sentido, desde la fundación se subraya el hecho de que, dentro de las cifras globales de visitantes que acuden cada año al museo abantoarra, un gran porcentaje está formado por público escolar y personas mayores o con limitaciones de movilidad.
Visitas como en 2019
A este respecto, superada la pandemia, el museo recuperó este pasado año la senda de crecimiento iniciada en 2015, cuando se registraron por primera vez más de 15.000 visitantes, y que tuvo su punto álgido en 2019 cuando se cerró el ejercicio con 17.008 visitas. “Este ha sido un año muy importante ya que tras el bache de la pandemia hemos registrado una recuperación asombrosa que nos ha situado con 16.886 visitas, a 122 visitas de nuestro récord histórico”, valoró la directora del Museo, Haizea Uribelarrea, quien destacó que a pesar de que cada año preparamos nuevas iniciativas, “las visitas guiadas a la exposición permanente con más de 5.700 visitas, son las que mayor público atraen”.
Un público que en su gran mayoría se acerca al museo en grupos de escolares, de asociaciones o viajes turísticos y representaron el 47% de los visitantes. “Las visitas individuales fueron aproximadamente unas 1.000 personas menos que las grupales”, significó Uribelarrea quien destacó que por procedencia la gran mayoría, 13.579, llegó de Bizkaia mientras que se acercaron al museo 799 personas desde Gipuzkoa y 686 desde Araba. A nivel estatal fueron cerca de 3.000 los llegados a Gallarta, procedentes en su mayoría de Madrid, Cataluña, Cantabria y Valencia.
Por cierto, allá por 1900, todavía con la actividad minera en pleno apogeo, el Ayuntamiento de Abanto y Ciervana intentó buscar una solución al atropello minero del camposanto comprando unos terrenos para poder trasladar el cementerio a otro lugar, tal y como exigían las autoridades supramunicipales, pero como destacaba el diario del partido obrero, “inmediatamente de haber efectuado el pago de dichos terrenos, una empresa minera los denunció para la explotación de minerales sin que al Ayuntamiento le cupiera derecho a protestar”. Eran otros tiempos.
