"Llevo ocho años" en los tribunales y "después de haber llegado hasta el Supremo obteniendo una sentencia absolutamente firme, ahora me encuentro en otro procedimiento para que me devuelvan unos 850 metros cuadrados" que Unai Fernández denuncia que "me ocuparon en el catastro y planos topográficos" a su parcela en el barrio carranzano de Cezura en favor de una casa rural edificada posteriormente. "Mi terreno se considera ilegal y no vale nada: me denegaron escriturar mi casa porque en el catastro no aparecen los metros que debiera y en junio de 2019 me dijeron que era terreno no urbanizable", explica.

Adquirió en una inmobiliaria de Bilbao "7.500 metros cuadrados, segregados de una finca que pertenecía al anterior aparejador de Karrantza. "Pensé que si el funcionario que representa la máxima autoridad del pueblo en este tema vende algo es porque se puede construir", argumenta. De hecho, "dispongo de todos los permisos y eso lo conocen en el Ayuntamiento".

Levantó una vivienda prefabricada y "muy poco tiempo después comentaron que iban a construir un hotel y yo planteé que se necesitaba realizar una segregación física mediante un vallado porque no iba a estar compartiendo el terreno con la clientela y los dueños dijeron que como tenían un topógrafo se encargaban ellos". Unai asegura que lo puso en conocimiento del dueño anterior, "que a su vez ejercía de aparejador del Ayuntamiento" y la superficie separada quedó delimitada, pero "me percaté de que me faltaban metros y avisé a los propietarios pensando que se había cometido un error". La respuesta: "que me buscara la vida".

JUICIOS Y CALVARIO

Comenzaron "los juicios y el calvario". Cuenta con el documento que "informa del cambio catastral de mi propiedad a solicitud de la dueña del hotel, contra mis escrituras y la ley del suelo, como resultado de una referencia catastral ilegal que se da por buena desde la oficina urbanística del Ayuntamiento, ninguneando la anterior que reflejaba la realidad de los títulos de propiedad", una modificación que se produjo "durante el desarrollo del juicio en el que pedía la desocupación de mi terreno".

Perdió en primera instancia, "pues no se tomaron en cuenta ni las escrituras, ni la medición judicial favorable ni los testimonios de los técnicos". En ese juicio "el aparejador aseguró que se habían denegado los permisos al hotel, que cuenta con una licencia de actividad concedida en prevaricación". Tras interponer un recurso, "me fueron dando la razón consecutivamente" hasta el Tribunal Supremo. Sin embargo, "lo puse en manos de la Fiscalía, ya que los propietarios de la casa rural "no cumplen la sentencia y no me reintegran la parte del terreno que me pertenece". En junio de 2021 la Fiscalía le remitió una carta en la que le informa de que las diligencias de investigación habían finalizado con la interposición de una denuncia ante el juzgado de Balmaseda.

Desde el Consistorio de Karrantza rehusan pronunciarse al respecto. "Nosotros no tenemos nada que ver, existe un proceso judicial entre los particulares", señala el alcalde del valle, Raúl Palacio. Este periódico también ha tratado de ponerse en contacto con la casa rural aludida, aunque sin éxito.