Cerca de 200 hosteleros de Bizkaia reclaman a un total de siete aseguradoras un importe medio de 40.000 euros en indemnizaciones, que alcanza los 150.000 en el caso de los locales de ocio nocturno, debido a la pérdida de beneficios durante la emergencia sanitaria, como consecuencia del cierre obligado de sus negocios en 2020 y 2021.
El bufete bilbaino Montero de Cisneros, que representa a estos hosteleros en su reclamación ha indicado en un comunicado que la base de estas demandas se encuentra en las pólizas suscritas por los empresarios, que cubren el "lucro cesante" y los "daños emergentes" derivados de contingencias como las clausuras administrativas decretadas durante la pandemia.
Entre estos cerca de 200 hosteleros vizcainos se encuentra un importante grupo empresarial, así como algunos cántabros y burgaleses, que reclaman a un total de siete aseguradoras la "pérdida de beneficios" que acusaron durante los cierres obligatorios de sus negocios en 2020 y 2021 a causa de la emergencia sanitaria.
El importe medio de las indemnizaciones que demandan cada uno de estos empresarios por la interrupción forzada de sus actividades ronda los 40.000 euros, si bien en el caso de los locales de ocio nocturno el montante alcanza los 150.000 euros.
La base de esta demanda se encuentra en las pólizas suscritas por los hosteleros, que cubren el "lucro cesante" y los "daños emergentes" derivados de contingencias como las clausuras de sus negocios impuestas durante la pandemia y en concreto a lo largo de tres meses en 2020 y dos meses este mismo año 2021.
ANÁLISIS DE CADA CASO
No obstante, el socio director y gerente del bufete, José Montero, ha subrayado que es preciso "analizar póliza por póliza" cada uno de los casos, en la medida en que no todos están en posición de llevar adelante sus reclamaciones.
En este sentido, ha informado de que es preciso que los hosteleross vayan a continuar su actividad, dado que estas demandas "no son viables para negocios que hayan cerrado definitivamente", al tiempo que también quedan excluidas las pólizas sencillas, que carezcan de la cláusula de lucro cesante y daños emergentes.
Los primeros requerimientos a las aseguradoras, vía burofax, ya están en marcha, si bien Montero ha vaticinado que la mayoría de casos acabará en los juzgados, en la medida en que, según ha explicado, salvo algunas aseguradoras que están tratando de llegar a un acuerdo, "la mayoría están negando su responsabilidad".
El método que sigue el bufete se basa en un protocolo propio que emplea pruebas periciales especiales y que es paralelo al que emplean en casos de índole bancaria.
"La banca y las aseguradoras son hermanas. Nuestro protocolo de derecho contractual funciona en estos casos como lo hace en los estrictamente bancarios", ha dicho Montero, que ha admitido además que están recibiendo un "enorme volumen de casos", por lo que ha pedido "paciencia", ya que es preciso realizar una "selección previa" de cara a establecer la viabilidad de cada reclamación.
El bufete ha recordado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona del pasado 3 de febrero, que obligó a una aseguradora a indemnizar con 6.000 euros a una pizzería por el cierre del negocio por orden administrativa a raíz de la covid-19, supone el antecedente más reciente en relación a las reclamaciones por parte del sector hostelero y demuestra que existe una "base sólida" que podría, en buena parte de los casos, fundamentarlas. El fallo reconocía, según han indicado, que en la póliza no se excluía expresamente la pandemia.
