BILBAO. La detenida, de 35 años y nacionalidad uruguaya, puso fin a su relación con el denunciante en 2014 y se llevó a su país natal al menor, por lo que la familia paterna interpuso una denuncia, pero el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 1 de Gernika decidió el archivo provisional, según ha informado a Efe el abogado de la familia paterna, el malagueño Manuel Huertas Cantero.

Años después, Huertas Cantero presentó un recurso que el mismo juzgado también desestimó, pero a continuación recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, que le dio la razón y ordenó al juez de Gernika que reabriese la causa.

El juzgado vasco emitió entonces una orden de detención que la Interpol cumplimentó el pasado 19 de abril.

En todo este proceso, la mujer no respondió a las sucesivas citaciones que recibió para ir a declarar, ni en Gernika ni en la embajada de España en Montevideo, según ha explicado a Efe Huertas.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36º Turno, de Montevideo, ha ordenado su arresto preventivo con fines de extradición y, como medida alternativa, su arresto domiciliario total bajo dispositivo de vigilancia electrónica.

La jueza uruguaya, Marcela Vargas, también ordenó a la mujer que entregase toda su documentación, la del niño y la de su otro hijo; decretó el "cierre de fronteras" para ella y los dos menores; y también solicitó el pasado 23 de abril al juzgado de Gernika que iniciase los trámites para la extradición por vía diplomática.

"Es todo un precedente en la Justicia española", ha asegurado Huertas, quien confía en que esta denuncia derive en la extradición de la denunciada, ya que hay convenio entre España y Uruguay, en cuyo caso solicitará su ingreso en prisión.