Aburto acusa al PP de querer quitar las ayudas sociales “si pudiera”

BILBAO -El pleno de Bilbao debatió ayer la cara y cruz en los posicionamientos sobre las ayudas sociales. Por la mañana, el PP puso el acento en el fraude, y por la tarde, el resto de los grupos plantearon la necesidad de ampliar la partida presupuestaria. En medio de este debate con los menos favorecidos como protagonistas se volvieron a oír expresiones como “coladero de ayudas”, “fraude”, “mala gestión”. Salieron del portavoz del PP, Oscar Monroy, que se encontró enfrente la defensa en bloque de las ayudas encabezada por el alcalde y su equipo de gobierno junto con el resto de concejales. Juan Mari Aburto no pudo ser más claro en su intervención. “El PP no cree en las ayudas sociales y si pudiera, las quitaría”, les reprochó. Nada más lejos de la pretensión del gobierno municipal que se ha comprometido a ampliar la partida de las ayudas de emergencias social para llegar al 100% de las personas que acrediten que lo necesitan. De hecho, el Ayuntamiento está dispuesto a aumentar en 2017 la partida presupuestaria para que nadie se quede sin ayuda. Por eso, además de solicitar al Gobierno vasco que tenga en cuenta las necesidades reales de Bilbao, se compromete a completar las ayudas. El concejal de Políticas Sociales, Iñigo Pombo, informó de que ya se adoptó esta decisión el pasado año y está en el ánimo del gobierno llegar todo el que necesita ayuda.

Ni es la primera vez que en Bilbao se discute sobre las ayudas sociales ni tampoco se defendió nada nuevo. Así, el debate, a riesgo de resultar por este motivo estéril, sirvió para volver refrendar la voluntad de unos y otros en esta materia tan delicada.

En este contexto, el pleno aprobó “extremar las actuaciones para el control de las Ayudas de Emergencia Social (AES)” de manera que la junta de gobierno implementará de forma eficaz el sistema de gestión de quejas y sugerencias municipal relacionadas con la gestión de las ayudas sociales.

El PP se quedó solo en su propuesta de crear un negociado de control e inspección de las AES y la habilitación de un teléfono y un correo electrónico para la comunicación de posibles fraudes. El concejal del PP Fernández Monroy dijo que hay un “clima generalizado de indignación en la sociedad por la falta de control” y señaló que el gobierno de Aburto “suspende” en sus políticas sociales. “Un auténtico coladero en algunos casos porque el fraude es una realidad”. “Por pegar una patada al alcalde Aburto, no se la peguen a la gente pobre, a los más necesitados de la ciudad”, pidió Aburto al PP.

El concejal responsable de Acción Social, Iñigo Pombo señaló que “Bilbao ya dispone de un procedimiento de reintegro de las ayudas sociales no justificadas y no es necesario habilitar un teléfono para canalizar denuncias por fraude, ya que, si se detectan, hay que denunciar” ante la Policía Municipal. La concejala de EH Bildu Alba Fatuarte dijo que la propuesta del PP para que “unos vecinos se chiven de otros y fomentar la paranoia colectiva solo lleva a la soledad de la sociedad. Además, Fatuarte dijo que el fraude es insignificante, un 0,02%”.

Para la edil de Udalberri Amaia Arenal, la propuesta del PP forma parte de su “repertorio más rancio que persigue criminalizar la pobreza en vez de señalar a las grandes empresas responsables del fraude fiscal”. El portavoz de Ganemos, Francisco Samir Lahdou, criticó el empeño del PP de “estigmatizar a las personas perceptoras de ayudas”. Y, el portavoz del PSE, Alfonso Gil, dijo que “nadie se ha hecho rico con las ayudas sociales”.