Piso okupado en Bilbao: "Llevan años usando mi única casa como narcopiso y la justicia no me la devuelve con urgencia"

"Mi vivienda lleva más de tres años okupada siendo utilizada para trapichear y no le dan urgencia a su desalojo". Así es como PEV –que prefiere mantener el anonimato–, el propietario de una vivienda situada en el quinto piso del número 29 de la calle San Francisco, ve cómo tiene que esperar hasta los primeros días del mes de junio para poder recuperar su casa. Durante estos últimos más de tres años, los vecinos del bloque han aguantado escenas como peleas con sangre o acciones como dejar heces en las puertas de los vecinos. Todo esto mientras el "cabecilla del grupo" ha ido "alquilando las cinco habitaciones y el salón a distintas personas".

Una decisión, la de sacar a los okupas, adoptada por un juzgado civil de Bilbao, que ha iniciado la fase de ejecución de una sentencia que reconoce el derecho del propietario a recuperar la posesión del inmueble. La resolución ha adquirido firmeza, lo que abre la puerta a su cumplimiento efectivo. Una actuación muy esperada por el dueño de la vivienda, que expone que es su única casa. Hasta que esto se lleve a cabo, PEV asegura haber vivido "en el campo". De hecho, agradece que Pedro, su abogado, le haya proporcionado defensa en todo momento renunciando a cobrar por la situación de vulnerabilidad de PEV.

En declaraciones anteriores a este periódico, PEV aseguraba haber "perdido el control" de su casa y denunciaba el deterioro progresivo que estaba adquiriendo la situación. "Yo no tengo vivienda, la única que tengo es esa (la okupada) donde tengo mi domicilio y mi padrón", afirmaba PEV, que calificó de "insostenible" la situación del piso. La vivienda, de 92 metros cuadrados útiles, está "destrozada por completo". El cambio de cerradura no fue efectivo. "Llegan y la rompen. Es imposible. Mientras yo no estoy, están haciendo con la casa lo que les da la gana", manifestaba.

Intervención policial

Desde mayo del 2024 hasta julio de 2025, la Policía Municipal de Bilbao acumulaba 53 okupaciones de droga y 15 intervenciones en delitos contra la salud pública, con 6 detenidos y 9 investigados. "Cada vez que la policía identifica gente diferente se necesita que esas personas tengan representación legal. Son vulnerables porque no tienen asignado el abogado para poder ir a juicio", señalaba PEV.

A esto hay que sumar la detención de cinco personas en el bloque en cuestión por su presunta implicación en un delito contra la Salud Pública. Varias quejas vecinales que alertaban de un posible tráfico de sustancias estupefacientes hicieron que la Policía Municipal de Bilbao iniciase una investigación. Durante dos meses y medio –después de que la Inspección de Criminalística confirmase la existencia de un punto activo de distribución de droga– los agentes observaron numerosas transacciones relacionadas con la venta de cocaína. Con la autorización judicial, el pasado 4 de marzo registraron la vivienda encontrando 3,7 kilogramos de marihuana distribuidos en cuatro bolsas –20.000 euros en el mercado ilícito– y 16 gramos de hachís. También incautaron tres básculas de precisión, joyas, dinero en metálico, sprays de defensa policial y una emisora de comunicaciones.

El proceso judicial no ha estado exento de problemas. Según relataba el propio PEV a DEIA, este trámite se ha prolongado durante años por cuestiones procesales, como la identificación de los ocupantes o la necesidad de garantizar su representación legal. Con la firmeza de la sentencia, el procedimiento entra ahora en su fase decisiva. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que los plazos para la materialización de estas ejecuciones pueden variar en función de la carga de trabajo del juzgado, aunque el objetivo final es asegurar que la resolución judicial se cumpla en sus propios términos.