Bilbao asume que sus restricciones a la implantación de pisos turísticos serán recurridas en los juzgados

La modificación legislativa emprendida por el Ayuntamiento de Bilbao para limitar la implantación de los pisos turísticos provocará que aquellos inversores que perciban un perjuicio para sus intereses la impugnen. "Estamos seguros de que habrá recursos contencioso administrativos posteriores a la aprobación definitiva", ha admitido este jueves Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público durante la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un pleno extraordinario en el que los partidos de la oposición se han abstenido. La nueva normativa municipal contempla que aquellas viviendas turísticas que se instalen en las zonas saturadas (Casco Viejo, Bilbao La Vieja, Matiko, Abando, Indautxu y Olabeaga) deberán tener un acceso independiente. Asimismo, equipara las habitaciones de uso turístico con las viviendas, con el objetivo de evitar que las primeras puedan sortear las limitaciones a la implantación de las segundas.

"Bilbao está siendo previsor, se anticipa a los problemas", ha alegado Abaunza durante la defensa de la normativa que pretende, a su juicio, "corregir un desequilibrio objetivo" en los barrios. "En unos barrios muy céntricos de la ciudad se está produciendo una concentración mientras que en otros no hay ninguna actividad turística", ha indicado el concejal. En ese sentido, ha aseverado que la modificación del PGOU debe recoger todas las garantías. "Tenemos que conseguir que el expediente sea lo suficientemente consistente para que estas medidas permanezcan en el futuro y no nos veamos al albur de sentencias que puedan alterar el objetivo de esta modificación", ha señalado el edil, quien ha apuntado que, por ello, no han adelantado los detalles de la modificación para que en el ínterin no se colaran nuevas viviendas en el registro.

Según el registro vasco, la ciudad –donde hay en vigor una moratoria de licencias hasta que se apruebe la modificación del PGOU– cuenta con 1.071 viviendas turísticas y 291 habitaciones de uso turístico. En ese sentido, el concejal ha recordado que "ninguna ley tiene carácter retroactivo". Ello supone que aquellas licencias que se otorgaron previamente a la modificación de la normativa no podrán verse afectadas por las restricciones que impone. "Tendría que haber una modificación legislativa en el parlamento vasco para que la inscripción en el REATE requiriera una renovación periódica", ha apuntado sobre una caducidad de las licencias que ya se prevén en comunidades como Catalunya. Por otro lado, el edil de Planificación Urbana ha recordado que no cuentan con competencias para prohibir la transmisión de las licencias, como solicita Elkarrekin Bilbao.

LA OPOSICIÓN

"Llegamos dos años tarde", ha considerado la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñas, en relación a la normativa que ha tildado de "avance positivo, pero relativo" al equiparar la regulación de las habitaciones a las de las viviendas. No obstante, ha apuntado que "habrá que estar atentos de que no se cuelen como viviendas". Viñals ha emplazado a ir más allá en las restricciones propuestas y exigir en toda la ciudad el acceso independiente que ahora solo será necesario en las zonas saturadas. "Si solo se ponen en el Casco Viejo, pasarán a Solokoetxe. Hay que legislar con valentía", ha indicado la concejala quien ha instado a que se tomen medidas de "desconcentración". En ese sentido, Abaunza ha recordado que no se puede "prohibir algo en la ciudad sin que haya una justificación"; es decir, "no se pueden prohibir pisos turísticos en Peñascal cuando no hay ningún piso turístico".

Por su parte, Karlos Renedo, concejal de EH Bildu, ha admitido que "el primer paso es aceptar el problema". En esa línea, ha considerado que el perjuicio que el turismo ocasiona en la vivienda "es la punta del iceberg", ya que esta actividad económica repercute en el modelo de ciudad, afectando al comercio y a la hostelería, entre otros. Por ello, ha apostado por "que la normativa tenga todas las garantías jurídicas y que evite el problema al futuro". Y es que, según Renedo, el turismo está creciendo un 12% anualmente en Bilbao, donde "hay una lista de espera para 5 hoteles y 12 apartamentos". Así, ha instado a preguntarse cuánta gente puede acoger la ciudad. En cuanto a la normativa, ha mostrado su recelo a que pueda provocar el llamado "efecto mancha de aceite". "Si limitamos la actividad en un barrio va a ir a otro. Mañana va a ser Deusto, donde ya hay dos bloques de apartamentos turísticos para abrir", ha señalado.

Desde otro punto de vista, Esther Martínez, portavoz del PP, ha tratado de desvincular la falta de vivienda de alquiler tradicional con la actividad de los pisos turísticos que, según ha detallado, suponen el 0,6% de las viviendas de Bilbao. En ese sentido, ha apuntado a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Sánchez como principal responsable de la crisis. En cuanto a la modificación del PGOU, ha censurado que se ha llevado a cabo "atropelladamente, sin participación ciudadana". En palabras de Martínez, la revisión "adolece de los mismos fallos que la anterior modificación: improvisación, sin informes de impacto...". En lo que respecta a las viviendas turísticas, ha apostado por "regular e inspeccionar". Por ello, ha criticado que el Gobierno vasco solo destine cinco inspectores para vigilar esta actividad en Bizkaia.