Tras dar la razón a la empresa en el litigio judicial abierto por vía administrativa y que se prolongó varios años, en la actualidad el Gobierno vasco está a la espera de una última decisión del Tribunal Supremo (TS) para que los bilbainos puedan disfrutar del ascensor en un futuro más o menos cercano.
Para aclarar la situación hay que retrotraerse a junio de 2022 cuando una orden del consejero Iñaki Arriola estipulaba la liquidación del contrato con la sociedad mercantil y la reversión de los bienes cifrada en 1,8 millones de euros.
Pero Ascensores a Begoña S. A. no estuvo de acuerdo con esa valoración. “Cuando iniciamos la liquidación volvió a litigar y presentó un recurso contra la orden ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)”, indican desde Lakua.
Según la mercantil existían otros conceptos que tenían que ser abonados por el Gobierno vasco además de no estar de acuerdo con la valoración del lucro cesante. “Desde el departamento estimamos oportunos los 200.800 euros y la empresa pedía 1,2 millones al valorar un periodo más amplio de tiempo”, indican desde el área que dirige en funciones Iñaki Arriola
Además, consideró que por beneficios dejados de percibir le corresponderían del orden de 386.000 euros y ponía otros 527.000 euros a recibir en concepto de costes de desmantelamiento.
El pasado año el TSJPV dirimió el conflicto dando mayoritariamente la razón al Ejecutivo vasco. Descartó que la empresa tuviera derecho a recibir los 386.000 solicitados en concepto de beneficios dejados de percibir. También le negó el dinero solicitado por los costes del desmantelamiento. El TSJPV consideró que se tiene que dar una reversión obligatoria a la administración y que será esta la que estime si tiene que haber un desmantelamiento o no. Por ello no había lugar a resarcimiento alguno para la mercantil.
Fuentes de Lakua han asegurado que “en ningún caso vamos a desmantelar el ascensor, será traspasado al Ayuntamiento de Bilbao cuando lo dejemos en condiciones”.
Finalmente, la sentencia dirime que la valoración de las pérdidas no es tan exagerada como los 1,2 millones de euros que pedía la concesionaria pero que el Gobierno vasco debe subir algo su estimación de 200.800 euros, en concreto hasta los 393.000 euros.
Nuevo recurso
La empresa, una vez más, mostró su opinión en contra. Por eso días después sus abogados interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, instancia última en la que se encuentra el tema en la actualidad.
“Estamos a la espera de que el TS primero admita a trámite o no ese recurso de casación y si lo admite esperar a su decisión”, desvelaron desde el departamento de Transportes que recordaron “es la última instancia judicial a la que se puede recurrir. Ya no queda más”.
Si considera que hay elementos para tratar el recurso, habría que esperar su decisión, algo que se demoraría al menos otro año más como mínimo. Si no se admite a trámite, finalmente el asunto saldría de la vía judicial y se desatascaría la recuperación del ascensor. La empresa se tendría que conformar con los 393.000 euros. Una cifra que el Gobierno vasco tendría que complementar ya que en el periodo inicial de liquidación de 2022 la mercantil ya recibió los 200.800 a los que Lakua estimó que tenía derecho. Con lo cual le quedaría desembolsar algo más de 192.000 euros, más aproximadamente un 10.000 euros en concepto de costas.
