El Parlamento Vasco aprobó ayer jueves, con el apoyo de los grupos en el equipo de gobierno la Ley de Transporte por Cable, que regula la construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones que permitan la movilidad por cable de personas, priorizando la seguridad en las instalaciones. La nueva norma prevé la subrogación de tres ascensores de Bilbao –los de Arangoiti, Begoña y Solokoetxe– y el funicular de Igeldo, a los ayuntamientos. El dictamen fue aprobado con la abstención de Elkarrekin Podemos-IU, PP+C’s y Vox, y el voto en contra de EH Bildu.

En el pleno, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, recordó que este proyecto de ley no estaba contemplado en el calendario legislativo, pero “por razones de orden jurídico y de carácter preconstitucional del régimen que regula esta materia”, el Gobierno inició los trámites para su elaboración. El consejero subrayó “la necesidad de regular la construcción y explotación de las instalaciones de transporte por cable al amparo de la competencia exclusiva de la CAV en relación con esta cuestión”, y el establecimiento de un régimen “adecuado a los tiempos actuales que permita que las administraciones competentes en la comunidad puedan ejercer la ordenación, inspección y control de transporte por cable y la seguridad del mismo”.

Tras recordar que EH Bildu presentó 11 enmiendas al texto y el PP+C’s un total de 35 durante el trámite parlamentario, señaló que se han aceptado 21 enmiendas incluidas en el dictamen. Según explicó, la norma regula los ascensores de servicio público explotados en régimen de concesión, “que fueron otorgadas a mediados del siglo pasado de acuerdo con una legislación con actuaciones a través de directivas europeas, por lo que debe ser actualizada para la adecuada gestión de los mismos”. También incluye los ascensores de uso público instalados por los ayuntamientos para facilitar la accesibilidad.

En estos casos se contempla la subrogación de los ayuntamientos como “entes concedentes” para que sean gestionados por los mismos. Estas subrogaciones se harán mediante convenios con los ayuntamientos. “Se trata de una norma muy específica, cuyo propósito es ordenar el transporte por cable del País Vasco, actualizando el marco jurídico a la normativa en vigor y dotando a las administraciones públicas competentes de herramientas suficientes respecto de las instalaciones actuales y aquellas que pudieran existir en el futuro”, resumieron desde el Ejecutivo.

Se trata de una ley “muy técnica” y con un alcance “muy limitado”, ya que afecta a esos tres ascensores de Bilbao y al funicular de Donostia. “La titularidad de estas infraestructuras se va a traspasar del Gobierno a los ayuntamiento”, insistieron. Para el PNV, la ley responde a las preocupaciones de los ayuntamientos y “el departamento de Arriola se ha comprometido a no pasar el marrón y que este traspaso se haga de manera adecuada”.