BILBAO - La hormigonera situada en las faldas del Pagasarri tiene de plazo hasta finales de 2017 para desmantelar la fábrica situada en una zona no urbanizable. Si no lo hiciera, el Ayuntamiento actuaría de manera subsidiaria y sería quien se encargue de derribar la cementera y reponer la zona verde, cuyos costes correrían a cargo de la empresa. Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, informó ayer de estos aspectos en una comisión en la que compareció ante los grupos de la oposición a petición de EH Bildu. Su portavoz, Aitziber Ibaibarriga, criticó la actuación del gobierno municipal durante estos años “en los que el Ayuntamiento y la Diputación han favorecido a la empresa”, dijo.

El concejal de Planificación Urbana señaló ayer que la actividad de la cementera estaba vinculada a las obras de la Supersur y tenía un plazo máximo de concesión hasta 2017. Aclaró que las fases de obra que estaban en ejecución se han terminado, pero el conjunto del proyecto de la Supersur no. Por este motivo, señaló que “se le trasladó a la Diputación de Bizkaia que remitieran al Consistorio de forma formal si antes de 2017 se iban a retomar las obras del último tramo”. Según Abaunza, hasta que no les ha llegado la comunicación oficial de Diputación, diciendo que antes de 2017 no se va a retomar esa fase, “no hemos podido iniciar esa orden de cese que se dictaminó en 2015 y que ha sido recurrida, por lo que no se ha podido hacer efectiva por el cúmulo de recursos, todos ellos ganados por el Ayuntamiento”.

El concejal indicó que en enero cesó la actividad de la hormigonera y añadió que consta en febrero un oficio de la Policía Municipal certificando que la planta no tiene actividad.

Para Ibaibarriaga la empresa desarrolla una actividad logística “en las instalaciones, a pesar de su situación irregular desde 2011, según hemos podido comprobar”, afirmó. Ibaibarriaga solicitó al equipo de gobierno “que se lleve a cabo el derribo de la hormigonera ilegal situada en Bilbao, tal y como exige el Tribunal Superior del País Vasco en su última sentencia”. Según la portavoz de Bildu, “las instalaciones que pertenecen a la empresa Hormigones Vascos se encuentran en una situación de ilegalidad desde el año 2011”. Y añadió que “la sentencia del Tribunal Superior deja, una vez más, en evidencia al Ayuntamiento. La sentencia subraya que las obras de la Supersur finalizaron en el año 2011. La finalización de las obras era, según defiende el gobierno en esa sentencia, la razón para mantener el convenio con la empresa. Por lo tanto, desde el año 2011 el gobierno ha mirado hacia otro lado manteniendo una actividad ilegal en suelo no urbanizable”, argumentó Ibaibarriaga. Abaunza rebatió que no ha habido ningún hecho ilícito por parte del Ayuntamiento y aclaró que “no han podido cesar la actividad puesto que la empresa lo había recurrido”.

Samir Ladhou, portavoz de Ganemos, criticó también la demora entre la petición de información a la Diputación y los cuatro años que tarda en responder. Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri, puso el acento en el hecho de que “está en un terreno no urbanizable” y para el concejal del PP, Óscar Fernández Monroy, “ha costado un dinero público y alguien deberá dar cuenta de ello”.