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Algunas claves del nuevo régimen de responsabilidad en los clubes

02.01.2022 | 00:17
Algunas claves del nuevo régimen de responsabilidad en los clubes

AYER mismo, con el nuevo año, entró en vigor la renovada regulación de la responsabilidad de los dirigentes de los clubes de fútbol profesionales que no tienen forma de Sociedades Anónimas Deportivas, como es el caso del Athletic. La Ley de Presupuestos del Estado para 2022 ha incluido, merced a la propuesta del PNV, una modificación puntual de la Ley española del Deporte de 1990 (ley que podría ser sustituida íntegramente en próximos meses) que conlleva la supresión de la obligatoriedad de constituir avales por las juntas directivas (que lo era en un 15% del presupuesto), con la simple actual remisión a lo que dispongan las normas sociales de cada club. Esta es la situación real, por tanto, a día de hoy en los clubes no SAD: los requisitos para acceder a su dirección son exclusivamente los establecidos con carácter interno.

¿Qué ocurre en el Athletic? Pues con la referida desaparición de la exigencia legal vuelve a tomar plena carta de naturaleza lo dispuesto en el artículo 52 de sus vigentes Estatutos sociales, esto es, la responsabilidad de los rectores lo será "por los daños causados y las deudas contraídas únicamente por actos dolosos, culposos o negligentes", responsabilidad civil y administrativa –dice el precepto– por actos y omisiones en ejercicio de sus funciones, que cuando no pueda ser imputada a concretas personas tendrá carácter solidario. Es decir, la índole y alcance de la responsabilidad se circunscribe hoy de nuevo a esas exigencias, sin que exista ya una responsabilidad objetiva por pérdidas patrimoniales como la que se garantizaba por ley.

¿Qué supone el retorno a este laxo régimen estatutario propio, anterior a la Ley de 1990? Acarrea algo positivo y (al tiempo) algo negativo, si no se corrige por la pertinente vía interna. Claramente positiva es la más amplia posibilidad de acceso al gobierno del club. Negativa, la ausencia de fórmulas efectivas de responsabilidad gestora. Porque no conviene confundir dos conceptos fundamentales que han de conjugarse adecuadamente en el caso del Athletic.

Una cosa es la democratización del club, en el sentido cabal y deseable de que puedan tener real opción de presentarse a las elecciones socios y socias que carezcan de grandes patrimonios, a los que hasta ahora les estaba vedada la entrada por no poder avalar importantes cantidades como garantía personal. Éste de la participación es un valor ciertamente a promover, y que sin duda ha estado detrás de la modificación legal.

Pero hay otro valor no menos importante y que puede (y debe) condicionar aquél. Es la responsabilidad en la gestión, el freno al dispendio y al daño al patrimonio social por una incorrecta administración, que se ha de traducir en concretas y sopesadas previsiones que protejan a los dueños del club de una acción dolosa, culposa o negligente que ponga en solfa la estabilidad y la viabilidad económica de la entidad. El legislador ha entendido que en este momento existen mecanismos externos de control de los clubes profesionales (fundamentalmente por parte de los entes organizadores de las competiciones y de las administraciones competentes), y también que puertas adentro los propios clubes han de disciplinar su gestión. Y ahí el Athletic se ve interpelado.

Precisamente para contar con disposiciones claras y eficaces de responsabilidad de sus directivos el club rojiblanco necesita de unos nuevos Estatutos. También en esta cuestión. Y la propuesta de reforma que se ha hecho pública aporta una alternativa que puede cumplir adecuadamente con esa perentoriedad. Se plantea en el anteproyecto una responsabilidad civil subjetiva, materializada en responsabilidad mancomunada de la junta directiva por resultados económicos negativos que se generen en su mandato por culpa o negligencia grave, y se asegura con el depósito de un aval bancario por importe del 5% del presupuesto de gasto, cantidad que modera la anterior (y desproporcionada) obligación legal.

Se trata, entendemos, de un régimen ponderado y, parece, suficiente para cubrir esa doble exigencia de democratización y de responsabilidad que una institución como el Athletic ha de equilibrar. Por ello la no aprobación de los propuestos Estatutos nos conduciría a unas próximas elecciones sin duda democráticas, pero con nubarrones en el futuro.

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