Polémica designación de José Guerra como representante de Portugal en la Fiscalía Europea

Todo ocurrió en 2019 pero no ha estallado hasta los umbrales de 2021, coincidiendo con el arranque de la presidencia portuguesa de la UE. Guerra, informaba la prensa lusa, había sido propuesto por Lisboa de forma confusa para representar al país en la nueva Fiscalía Europea. El nuevo organismo tiene como misión investigar, procesar y llevar a juicio a los responsables de delitos contra los intereses financieros europeos, y dada la complejidad del reto un grupo de peritos internacionales buscó a los mejores de cada país.

José Guerra no era el primero en el caso de Portugal. La mejor, según los peritos, era la magistrada Ana Carla Almeida, pero el Gobierno de António Costa insistió en presentarle como su candidato en un escrito enviado a Bruselas que contenía falsedades sobre su currículum. Empezaba así un caso que ha sido objeto de debate en el Parlamento Europeo.

Para la asociación Transparencia e Integridade se trata de un caso “opaco”. Su presidenta, Susana Coroado, cuenta que han pedido al Gobierno ver la primera carta enviada a Bruselas y una posterior que corregía la información sobre Guerra. La respuesta ha sido siempre negativa. El Ejecutivo argumenta que “es una documentación del Consejo de la UE y por tanto no podía ser el Gobierno portugués quien diera esos documentos”.

La asociación considera que se trata de una documentación “del Gobierno portugués”, y recuerda que los nombramientos “opacos” o “políticos” se han producido en los últimos años en entidades independientes de Portugal, “como Fiscalía General, el Banco de Portugal, o el Tribunal de Cuentas”. El “comportamiento de Portugal”, agrega, “está creando problemas de credibilidad y legitimidad a la Fiscalía Europea, y por otro lado también revela las deficiencias de funcionamiento del Consejo de la UE”, por ejemplo mostrando “que no hay mecanismos de gestión de conflictos de interés” en su seno.

Coroado destaca en este sentido la paradoja de que, al solicitar al Consejo liberar los documentos, la ministra portuguesa en la práctica se lo pide a sí misma, dado que durante la presidencia portuguesa ella preside el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.

Junto a la carta, el debate se ha centrado en el eventual impacto para la imagen de Portugal y la Fiscalía Europea, algo que niega la ministra lusa de Justicia. “La imagen de la Fiscalía Europea será formada por su actuación concreta”, sostiene Francisca Van Dunem en una respuesta escrita, en la que remarca que el parecer de los peritos internacionales “no es vinculante para el Consejo” y que Guerra fue seleccionado por el Consejo Superior del Ministerio Público. Explicaciones que no convencen a Ana Carla Almeida, la mejor opción de Portugal según los peritos, que ha avanzado con una acción en el Tribunal General de la UE para anular el nombramiento de Guerra.

Entre los expertos en Derecho consultados, no hay unanimidad sobre el daño infligido a la nueva Fiscalía, pero sí a la imagen de Portugal. Aun si se trató de una cadena de errores “es extremadamente grave porque muestra la negligencia y la displicencia con que son consideradas las cuestiones de la mayor seriedad”, considera Jónatas Machado, profesor de Derecho de la Universidad de Coimbra. Menos severo es Filipe Arede Nunes, profesor de Derecho de la Universidad de Lisboa, que descarta que este escándalo ponga en duda “la legitimidad de la Fiscalía Europea”, aunque reconoce el daño reputacional para el país”. En especial Portugal, “un Estado periférico del que en Europa se sabe poco y este tipo de casos ponen en cuestión el funcionamiento de las instituciones portuguesas”.