- La Comisión Europea (CE) ha decidido aplazar la presentación de su Plan de Asilo e Inmigración hasta que haya un acuerdo sobre el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027, confirmaron ayer a Efe fuentes comunitarias.
La comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, explicó en una entrevista a la publicación Político el pasado viernes que muchos Estados miembros han pedido esperar a desvelar el plan hasta que haya un acuerdo preliminar sobre el marco financiero plurianual.
El proyecto pretende evitar la repetición de crisis de movilidad como la de 2015 y restablecer la unidad de la zona Schengen, quebrada desde entonces. El plan, elaborado por Johansson y por el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, se basa en un refuerzo sin precedentes de la vigilancia de las fronteras exteriores y una escalada en la expulsión de migrantes irregulares.
Bruselas confía en que esas medidas ayuden a superar el veto de Polonia y Hungría al objetivo fundamental del pacto: el compromiso de los 27 Estados miembros de compartir la gestión de unos flujos que ahora afrontan casi en solitario los países de la periferia.
La propuesta de la Comisión será el punto de partida para una de las negociaciones más tóxicas e ideologizadas de la Unión Europea, según la definen fuentes comunitarias. Los contactos de Schinas y Johansson con todas las capitales, salvo durante el parón provocado por la pandemia, tratan de allanar el camino porque la Comisión solo quiere hacer público el proyecto del pacto, cuyo contenido ha podido conocer este periódico, cuando tenga garantizado que ningún socio la rechazará de plano.
La propuesta iba a presentarse inicialmente después de Semana Santa y fue aplazada a junio por el impacto de la pandemia de coronavirus. Hasta hace poco, la comisaria de Inmigración confiaba en que esa iniciativa pudiera conocerse a principios de verano.
Sin embargo, en la entrevista Johansson indicó que lo más realista ahora es hablar de una presentación “tras el parón del verano”.
Alemania, país que a partir del 1 de julio iniciará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, no espera que de aquí a final de año se de el visto bueno a todo el plan migratorio, pero sí confía en que al menos “pueda haber un acuerdo sobre una hoja de ruta política”, dijo recientemente el embajador alemán ante la UE, Michael Clauss.
El diplomático señaló también que ve difícil una solución sobre el régimen de asilo y migración en la Unión Europea que no incluya el reparto obligatorio de los solicitantes.
“Hay acuerdo sobre que debe haber una solidaridad obligatoria”, manifestó el embajador, que recordó la discusión entre los países sobre si esa solidaridad ha de implicar obligatoriamente acoger migrantes o puede limitarse a aportar dinero.
La canciller alemana, Angela Merkel, planea dejar el debate migratorio para la última parte de su semestre presidencial, una vez zanjadas las negociaciones del Fondo para paliar los daños económicos del covid-19. Pero ni siquiera el socio más poderoso de la UE se ve en condiciones de cerrar un acuerdo a corto plazo y solo aspira a un posible pacto político sobre el calendario a seguir para llegar a un acuerdo definitivo sobre una política común de asilo e inmigración, que tal vez no llegue hasta finales de 2021.
El diálogo previo entre socios también es intenso. Berlín y París están coordinándose en un expediente que en otras épocas provocaba divergencias en el eje franco-alemán. Y mañana miércoles, la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, se reúne con su homólogo húngaro. España y Hungría representan, en cierto modo, los dos extremos a reconciliar. En 2019, el ratio de reconocimiento de solicitudes de asilo en España fue de 820 por millón de habitantes del país; en Hungría, de 5, según datos de Eurostat.
Los países de la UE llevan discutiendo el asunto cinco años en el Consejo. El pasado abril Alemania, Francia, Italia y España presentaron una propuesta conjunta que aboga por un mecanismo obligatorio para repartir a los solicitantes de asilo, en particular cuando un país soporta una presión desproporcionada.
La primera piedra angular del pacto es la agencia europea de fronteras (Frontex), que durante la crisis de refugiados de 2015 era poco más que un centro administrativo de apoyo a las autoridades nacionales.
Junto al blindaje del perímetro exterior, el pacto aspira a acelerar y a mejorar la efectividad los procedimientos de expulsión de personas que han entrado de manera irregular en la Unión Europea. Como media, en la UE solo se ejecutan el 36% de las órdenes de expulsión, mientras decenas de miles de personas permanecen cada año en situación irregular en territorio comunitario.
Reparto de refugiados. La Comisión Europea descarta recuperar las cuotas obligatorias de reparto de refugiados que tanto encresparon los ánimos durante el mandato de Jean-Claude Juncker.
Turquía y Grecia. El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, acusó ayer a Grecia de sabotear el diálogo para resolver sus disputas a nivel migratorio y marítimo, por lo que pidió una mayor “autocrítica” por parte de Atenas.
330
El año pasado, la agencia europea de fronteras (Frontex) organizó 330 vuelos chárter para expulsar a inmigrantes irregulares, es decir, casi un vuelo diario.
