DONOSTIA. El tatuador donostiarra que fue juzgado el pasado octubre por acosar sexualmente a una docena de clientas ha sido condenado a once años y un mes de cárcel y a abonar distintas multas como autor de tres delitos de agresión sexual, seis de abuso sexual, uno de acoso y otro de coacciones leves.
El acusado, quien ha sido defendido en este procedimiento por la letrada Cristina Morcillo Buj y que se enfrentaba a una petición de reclusión superior a los 30 años de cárcel por parte de la Fiscalía, se encontraba en libertad provisional después de que así lo decretara tras la vista el Juzgado de lo Penal número 2 de Donostia, en una decisión que luego confirmó la Audiencia de Gipuzkoa.
La sentencia del caso, a la que ha tenido acceso EFE, relata de forma cronológica unos hechos sucedidos entre 2014 y 2018, que fueron descubiertos cuando, el 30 de enero de aquel año, una de las clientas desveló en internet que había sufrido abusos por parte del tatutador, lo que dio pie a una serie de denuncias en cascada por parte de otras mujeres.
La resolución judicial recuerda que el inculpado, de nacionalidad venezolana, inició su estancia en nuestro país junto a su esposa y la hija de ésta, en un piso de Pasaia en el que todos ellos convivieron con el propietario del domicilio y su novia.
El encausado empezó a realizar tatuajes en esta vivienda donde, en el verano de 2014, protagonizó su primer incidente de índole sexual cuando, mientras conversaba con la novia de su casero en la cocina, "se bajó los pantalones y los calzoncillos y la acorraló contra la encimera", hasta que, ante los gritos de la chica, acudió la mujer del procesado, que cesó en su actitud.
A raíz de este incidente, el inculpado y su familia se mudaron a otra vivienda, en el barrio donostiarra de Bidebieta, en la que continuó con su trabajo y, en febrero de 2016, agredió sexualmente a otra clienta, poniéndola "contra la pared y frotando su cuerpo contra el suyo", al tiempo que le tocaba un pecho y agarraba la mano de la chica para llevársela hasta su pene, momento en el que la mujer le empujó y escapó del lugar.
En julio de aquel mismo año, otra chica fue víctima de una situación similar en la misma vivienda, mientras que una alumna de un curso intensivo de tatuajes del que el inculpado era profesor se vio obligada a advertir al director del ciclo de que estaba siendo acosada por el encausado, quien le enviaba "multitud de mensajes" y le llamaba diciéndole que "la deseaba", entre otras actitudes que le hacían sentirse "incómoda".
La resolución precisa que en noviembre de 2016 el acusado abrió un estudio de tatuaje en la Parte Vieja de San Sebastián, donde el 9 de diciembre, trató de besar en la boca a una de sus clientas.
Unos meses más tarde, a comienzos de 2017, propuso mantener relaciones a una comercial que había acudido a su local para crear una página web y que también se interesó por un tatuaje, a la que sometió a distintos tocamientos.
En mayo de aquel mismo año, el procesado organizó un "maratón de tatuajes" en el que contactó con varias de las victimas, a una de las cuales le dirigió frases de contenido sexual, mientras que a otra, durante una sesión posterior, la tocó e intentó besar en la boca, si bien, ante su resistencia, lo hizo en el cuello.
El procesado también realizó numerosas insinuaciones sexuales a otra mujer a la que en primavera de 2017 propuso que trabajara con él los fines de semana y ante la que, en una ocasión, se desnudó de cintura para abajo, mientras que en otra le tomó la mano para llevársela a su pene, y en una tercera le tocó un pecho.
Ya en enero de 2018, el tatuador volvió a repetir una actuación similar con una clienta que estaba tumbada en la camilla de su estudio, a la que cogió una mano para obligarla a tocarle el pene.
Ese mismo mes, acudió a su local la chica que hizo público su caso en internet, quien sufrió tocamientos en las caderas, tras lo que, mientras la tatuaba, el hombre puso en contacto su pene con la mano de la víctima hasta que ésta, "consciente" de la maniobra, la retiró.
La sentencia, que además de las citadas penas, establece diferentes compensaciones económicas para las afectadas, no es firme ya que puede ser recurrida en apelación ante a Audiencia de Gipuzkoa. EFE
