El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha realizado un llamamiento a la "corresponsabilidad público-privada" para afrontar la "emergencia habitacional". Ha realizado estas declaraciones en la clausura este viernes en el Basque Culinary Center (BCC) de Donostia de la asamblea anual del Clúster de la Construcción del País Vasco 'BUILD:INN 2026'.
Itxaso ha subrayado la "necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y sector privado para dar respuesta al reto estructural de la vivienda". Durante su intervención, ha destacado que "sin un sector de la construcción fuerte, innovador y comprometido no hay política de vivienda posible", situando al clúster y a las empresas que lo integran como "agentes imprescindibles en la respuesta a uno de los principales desafíos sociales".
El consejero ha reconocido el papel de BUILD:INN como "cadena de valor, empleo, innovación y capacidad productiva", subrayando además que el sector es "parte imprescindible de la respuesta al acceso a la vivienda" y ha apelado a la "colaboración". "El reto es grande y solos no podemos", ha reconocido.
Más del 40% de los ingresos van al alquiler
"Hoy la vivienda es la principal preocupación social para miles de personas en Euskadi", ha afirmado, señalando que muchas familias destinan "más del 40% de sus ingresos al alquiler" para advertir, a continuación, que existe "un riesgo creciente de expulsión de población de los centros urbanos".
"No es solo un problema social, es también un problema económico", ha subrayado, y ha destacado que "nos jugamos la cohesión de nuestra sociedad, la competitividad del país y nuestra prosperidad presente y futura". A su juicio, "no estamos ante un problema coyuntural, sino estructural", lo que exige "respuestas también estructurales y sostenidas en el tiempo".
En este contexto, ha opinado que las administraciones públicas no pueden dar respuesta a este desafío "en solitario". "Podemos regular, planificar y movilizar suelo, pero sin la colaboración activa del sector privado no habrá vivienda suficiente, ni protegida ni asequible ni libre", ha incidido.
"Punto de inflexión"
Para el consejero la Ley 6/2025 de Medidas Urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo va a suponer "un auténtico punto de inflexión", destacando que el nuevo marco introduce "medidas más ágiles y más realistas orientadas tanto a impulsar la oferta como a proteger la demanda".
Entre los avances, ha destacado "la reducción de plazos, la eliminación de trámites innecesarios y el refuerzo de la seguridad jurídica". Además, ha señalado que el Decreto de Medidas Urgentes aprobado el pasado 21 de abril "da continuidad a la ley, agilizando procedimientos y reforzando el escudo social".
A su juicio, estas herramientas permitirán "avanzar hacia objetivos como alcanzar 7.000 viviendas de alquiler asequible, duplicar el parque de alquiler y aumentar un 40% la vivienda protegida en la próxima década". El consejero ha subrayado también el refuerzo del "escudo social de Euskadi frente a la emergencia habitacional", ampliando el acceso al derecho subjetivo a la vivienda y a programas como Gaztelagun y Bizigune, especialmente en municipios tensionados.
10.000 viviendas anuales
Itxaso ha defendido que "la colaboración público-privada no es un eslogan, es corresponsabilidad" y ha reclamado al sector "compromiso para convertir este marco en vivienda real, en proyectos en marcha y en producción efectiva".
El consejero ha explicado que el objetivo "es alcanzar una producción de 10.000 viviendas anuales", lo que exige "más capacidad productiva, menores plazos, mayor eficiencia y menor impacto ambiental".
Para ello, ha apostado por "la modernización e industrialización del sector, destacando iniciativas como Eraiki Hub y herramientas como el Certificado de Construcción Industrializada, orientadas a reducir riesgos y facilitar la financiación de proyectos innovadores".
Fondo social de vivienda
En el ámbito financiero, Itxaso ha anunciado el desarrollo del futuro Fondo Social de Vivienda, que supondrá "el próximo gran salto cualitativo" en la política de vivienda. "Este instrumento permitirá movilizar en torno a 2.000 millones de euros para la construcción de 10.000 viviendas protegidas a lo largo de dos legislaturas", ha asegurado.
"Será la manera de poner cifras, escala y objetivos claros a la colaboración público-privada", ha explicado, detallando que el fondo contará con "participación pública y privada, así como con el apoyo de entidades como el BEI y el ICO, además de inversores institucionales y de impacto".
