El campamento de Bernedo está situado en Araba. Pese a ser un udaleku privado faltaba por conocer el papel que ha jugado la Diputación de Araba, competente en materia de tiempo libre, tras conocerse las denuncias interpuestas por 17 familias contra el monitorado por presunta “agresión sexual”, “exbicionismo” y “coacciones”, según reveló el miércoles el consejero de Seguridad Bingen Zupiria.La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, compareció este jueves en las Juntas Generales para explicar lo ocurrido en este campamento que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz. Y la conclusión es que el ente foral no ha dado con el eslabón de la cadena que se rompió.
“No sabemos dónde hemos cometido el fallo”. Así de claro se expresó Del Val ante los junteros alaveses, a quienes detalló los pasos dados por su departamento cuando el caso se hizo público, aunque coleaba desde 2024. La diputada de Cultura y Deporte aseguró que la comunicación entre instituciones es “fluida” pero que en el caso Bernedo –con quejas y denuncias previas a este verano– “no ha sido así”. Explicó que la Diputación no tuvo conocimiento de la existencia del udaleku que desde hace años organiza Sarrea Euskal Udaleku Elkartea hasta el 15 de septiembre. Ese día fue cuando el Instituto Foral de Juventud recibió un correo electrónico de una madre alertando de actuaciones “inadecuadas” durante el mismo.
Diez días después, el 25 de septiembre –jornada en la que este asunto salió a la luz pública– la Diputación recibió dos “escritos formales” de asociaciones feministas que narraban “unos presuntos hechos muy muy graves”. A raíz de eso se organizó el día 27 una reunión de “familias afectadas” de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Además de ofrecerles apoyo, se les pidió “toda la documentación” que tuvieran sobre el tema y se les animó a denunciar ante la Ertzaintza “para que los hechos pudieran ser investigados adecuadamente”.
Queja en 2019
Según la versión de Del Val, se solicitó información al resto de instituciones vascas. La Diputación de Bizkaia les informó de la queja de una madre en 2019 –a la que se remitió al Gobierno vasco– y la de Gipuzkoa les dio cuenta de una denuncia con fecha de 3 de enero de 2024 con la participación de menores tutelados que está “actualmente en trámite”. Según la diputada, ni Bizkaia ni Gipuzkoa habían informado hasta entonces de estas quejas y denuncias, con lo que la Diputación de Araba se ha enterado ahora.
Del Val mantuvo que la comunicación entre instituciones “normalmente funciona bien”, aunque “en esta ocasión no ha sido así”. La diputada reconoció que las cuatro instituciones con competencia en esta materia tenían en sus registros a la asociación, que además nunca informó de los campamentos que organizaba, algo a lo que está obligada. Por este motivo, la Diputación alavesa le ha abierto un expediente sancionador.
Del Val aseguró que es “la primera vez” que una colonia de verano no inscribe su actividad y que esa ausencia de comunicación se retrotrae a años atrás. Al parecer, se ha investigado al menos hasta el año 2012. “¿Qué ha pasado aquí? Es difícil de saber”, dijo.
Colaboración con la Fiscalía
La Diputación ha entregado a la Fiscalía toda la documentación que ha recopilado para que la justicia “determine la existencia o no de hechos susceptibles de infracción penal y, en su caso, la calificación jurídica de los mismos”. Mientras tanto Del Val pidió “prudencia” porque hay menores implicados. En este sentido, la diputada rehusó dar más detalles sobre el contenido de las denuncias porque así lo ha pedido el Ministerio Fiscal. Por último, reiteró el ofrecimiento de apoyo a las familias y se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
Por su parte, la portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, afirmó que el Gobierno vasco y las tres diputaciones siguen “trabajando en colaboración” para “mejorar los protocolos y ver cómo se pueden introducir en el ámbito privado” que está fuera de sus competencias. Asimismo, aseguró que no existe “ninguna disonancia” con el Ejecutivo respecto a una queja recibida en 2019 en Bizkaia y, en cuya respuesta, la institución foral remitió a quien la planteó que la presentara ante el Gobierno vasco.
“Puede haber un malentendido”, precisó, después de que esta semana la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, asegurara que en el registro del Ejecutivo autonómico no hay ninguna queja ni irregularidad al respecto presentada por las diputaciones forales. Arrizabalaga reiteró que en 2019 el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, mediante una plataforma de quejas y solicitudes para la ciudadanía, recibió “una queja y una solicitud de información”, a la que se respondió “diciendo que el órgano competente en este caso es el Departamento de Juventud de Gobierno Vasco”. Y después de este trámite, la Diputación desconoce “qué ocurrió con esa queja o con esa petición de solicitud”. “No sabemos si esta persona la reenvió a ese Departamento de Gobierno Vasco y la trazabilidad se pierde”. l