A pesar del acelerón que han experimentado las conversaciones con el Gobierno español de Pedro Sánchez a consecuencia del pacto de investidura que tiene con el PNV, el año 2025 se adentra en su recta final y todavía queda mucha tela que cortar, y muy gruesa, para que se cumpla en su integridad el Estatuto de Gernika y para que la comunidad autónoma asuma todas las competencias pendientes en el plazo prometido. Pero, si se plantea en positivo viendo la botella medio llena, los gobiernos vasco y español van a entrar por fin en detalles sobre materias que hasta hace poco eran impronunciables. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, entregaba el miércoles al ministro Torres un total de diez propuestas y, según el dosier facilitado a los medios de comunicación, recogen la creación de una entidad propia vasca para gestionar las pensiones (no se trataría, por tanto, de Lanbide, sino de un órgano de nueva creación).
Se plantea también la gestión de los puertos de Bilbao y Pasaia con una vía diferenciada para cada uno de ellos, no por un deseo del PNV o la consejera, sino que responde a la distinta normativa europea que se les aplica. En el caso de Pasaia, es un puerto que está incluido en la red europea TEN-T pero únicamente en una subcategoría inferior al margen de la red Core Network de importancia estratégica. Por tanto, el margen para reclamar su gestión total es mayor. Y, viendo que las cifras tampoco acreditan una gran predilección de La Moncloa por este puerto, que ocupa el deslucido puesto 23 de 28 en el ranking estatal, el Gobierno vasco pretende que deje de estar catalogado como un puerto de interés general del Estado y que pase íntegramente a manos vascas para poder reflotarlo, dedicarle más inversiones y catapultarlo al “top 10” de la clasificación. La aspiración del PNV durante muchos años fue descatalogar también el puerto de Bilbao para asumir su titularidad, pero admite que en la situación actual no puede hacerlo porque esta infraestructura sí está en la red TEN-T dentro del apartado Core Network. Por tanto, se plantea su cogestión. El departamento de Ubarretxena va a tener que emplearse con ahínco para que cuaje este planteamiento dual ante el ministerio de Óscar Puente y sus propios socios del PSE en el Gobierno vasco, que este jueves seguían haciendo la lectura inversa e interpretan que Pasaia se convertirá en un puerto de segunda, con fines puramente recreativos. El líder del PSE, Eneko Andueza, recordó en la cadena Ser que ya rechazaron hace tiempo esta posibilidad “absolutamente”, y recalcó que la defiende en exclusiva la parte jeltzale, la consejera. El PNV de Gipuzkoa cree que su rechazo solo responde a la necesidad “ideológica” de mantener la unidad del sistema portuario español.
Quedan 13 materias (más otras dos sobre la pesca recreativa y la seguridad privada, que se van a encauzar al margen de la Comisión de Transferencias; y aeropuertos, que no sale en la lista porque ya se negocia). Ubarretxena presentó este jueves el dosier en Gasteiz, donde estableció un primer marco sobre las aspiraciones de su departamento. Este mismo viernes tendrá lugar una reunión técnica para abordar esta lista con el ministerio. Estas propuestas, por tanto, son las propuestas de la parte vasca a falta de una negociación.
Órgano propio de la Seguridad Social
Sobre el bloque de la Seguridad Social, se plantea un “desarrollo progresivo” de las competencias pendientes. La comunidad autónoma ya gestiona prestaciones no contributivas que no dependen de las cotizaciones ni afectan a la caja única de la tesorería del Estado, es decir, son ayudas en un plano más asistencial, como el Ingreso Mínimo Vital y las prestaciones de jubilación y discapacidad para las personas que no han cotizado lo suficiente. Sí es verdad que se ha alcanzado un acuerdo sobre los subsidios del paro y sobre unas primeras prestaciones contributivas, las de desempleo, pero esos acuerdos políticos se tienen que plasmar aún en una Comisión Mixta de Transferencias antes de que acabe el año y, además, no se ha concretado su financiación, la gestión del régimen económico: solo se ha pactado una vía transitoria para que la CAV reciba un dinero del Estado por el coste que asuma mensualmente por estas ayudas.
Por tanto, queda prácticamente todo el intríngulis de esta materia, gestionar el resto de las ayudas, incluidas las pensiones, y concretar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Hay otra dificultad adicional, ya que no solo depende del PSOE, sino del ministerio de Trabajo de Sumar, que ya retrasó el acuerdo sobre el paro. El documento de la propuesta vuelve a dejar claro, en cualquier caso, que la competencia legislativa para fijar las cuantías de las ayudas seguirá siendo del Estado español, y que se va a respetar el carácter unitario del sistema y el principio de solidaridad. Se trata de tener una ventanilla vasca y crear un órgano propio de gestión. También se solicita la gestión del Fogasa (el fondo que paga los salarios a los trabajadores en las empresas en quiebra).
“No implica alterar la normativa estatal ni fragmentar la unidad del sistema”, sino que se busca una atención más cercana al ciudadano. “Para ello, la Administración vasca deberá crear su propia entidad gestora de la Seguridad Social”, defiende la propuesta. Se dejan abiertas “las fórmulas económicas para su traspaso”, que “se acordarán con el ministerio de Hacienda dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”.
Puerto de Pasaia y puerto de Bilbao
En cuanto a las infraestructuras, en el caso del puerto de Pasaia, el Gobierno vasco pide que deje de ser considerado de interés general vía real decreto y que pase a ser gestionado directamente por Euskadi. “Implicaría el traspaso de bienes, derechos, personal y recursos”, aumentando su competitividad. El PSE lo rechaza. Antes que Andueza, José Ignacio Asensio, desde Gipuzkoa, había vaticinado por la mañana la pérdida de puestos de trabajo y preguntó por qué “se pone en riesgo Pasaia y no Bilbao”.
La pregunta ya la había contestado la consejera Ubarretxena por la mañana. La clave está en que Bilbao ocupa un papel central como nodo básico en la red europea, lo que impide asumir su titularidad total desde las instituciones vascas. Y, aunque los socialistas dicen que Pasaia va a perder competitividad, en realidad su situación actual como puerto de interés general del Estado no ha propiciado cifras muy llamativas: según datos de 2024, Pasaia mueve un tráfico de mercancías de casi 3,4 millones de toneladas (Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Bélgica y Canadá), con una previsión de crecimiento del 2%, mientras que Bilbao mueve 34,6 millones de toneladas, 47 ferrys, 81 cruceros y 280.000 personas, y su facturación es de 76,7 millones de euros.
Otras propuestas
El documento del departamento de Ubarretxena incluye otras propuestas con las que trata de bajar a suelo el autogobierno y presentar las ventajas que traería una gestión más cercana, por ejemplo, para superar las colas en los exámenes de conducir o, en el caso de las empresas, para vehiculizar las ayudas del ICO estatal subrogándose su posición desde el Gobierno vasco.
El documento habla de asumir paulatinamente los paradores de turismo de Hondarribia (Gipuzkoa) y Argomaniz (Araba) tras una primera fase transitoria de aterrizaje sin incluir al personal ni los puestos de trabajo; asumir la capacidad de expedir permisos de circulación y matriculación de vehículos y el personal examinador, la convocatoria y gestión de las elecciones municipales, un acuerdo de cooperación con el Estado que permita al Instituto Vasco de Finanzas asumir un papel más activo en la gestión del crédito público para subrogarse la posición del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de Cofides, facultades de supervisión bancaria y protección a los clientes, autorización de los negocios de seguros privados, tramitar y pagar las subvenciones de los seguros agrarios, una dotación financiera del Cedex para la innovación en obras públicas, y funciones de apoyo a las pequeñas y medianas empresas industriales.
Se citan otros dos acuerdos que tendrían que producirse fuera de la Comisión Mixta de Transferencias, como son la inspección pesquera y embarcaciones recreativas, y los servicios privados de seguridad, que habría que asumir en la Junta de Seguridad.
El calendario
Con este imponente listado, Ubarretxena admitió que quedan por delante las competencias más complejas, pero se mostró “positiva” e invocó el cumplimiento de los acuerdos. Lo que pide el Ejecutivo vasco es que se concrete cuanto antes la Comisión Mixta de Transferencias para que entren ya en vigor los acuerdos alcanzados desde el verano y otros que pudieran cuajar hasta ese día, y celebrar además antes de fin de año la Comisión Permanente que congrega cada seis meses al lehendakari Pradales y al presidente Sánchez para que firmen y dejen amarrado un acuerdo político sobre estas otras materias de la Seguridad Social e infraestructuras. Ubarretxena admitió “los estrechos plazos”, pero su “voluntad” es cumplir lo acordado y seguir manteniendo una “relación fluida” con Torres, con quien se ve “prácticamente todas las semanas”. Además, quiso lanzar un guiño a sus aliados del PSE en el Consejo de Gobierno en un momento de tensiones, y les agradeció su lealtad y colaboración.
Resumen del documento de Ubarretxena:
Seguridad Social
Entidad propia. Se plantea un desarrollo progresivo de las competencias pendientes: gestión del resto de prestaciones contributivas de la Seguridad Social, dirección y tutela de las mutuas, gestión del Fogasa, gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la ampliación de inspección de trabajo y seguridad social a las nuevas prestaciones asumidas. No implica alterar la normativa estatal ni fragmentar la unidad del sistema de Seguridad Social. Se busca una atención más cercana al ciudadano. Para ello, la Administración vasca deberá crear su propia entidad gestora de la Seguridad Social. En cuanto a las fórmulas económicas para su traspaso, se acordarán con el Ministerio de Hacienda dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad. El número total de personas afiliadas a la Seguridad Social en Euskadi es 1.029.145. El número de pensionistas asciende a 527.074.
Infraestructuras
Puertos de Pasaia y Bilbao. El Estatuto otorga a la CAV competencias en materia de puertos, salvo los de Bilbao y Pasaia, que están clasificados como puertos de interés general del Estado. Para el puerto de Pasaia, el Gobierno vasco pide que deje de ser considerado de interés general vía real decreto y que pase a ser gestionado directamente por Euskadi. Implicaría el traspaso de bienes, derechos, personal y recursos, aumentando su competitividad. En cuanto al puerto de Bilbao, dado su papel como nodo básico en la red europea, se propone profundizar en la actual cogestión. Según datos de 2024, Pasaia mueve un tráfico de mercancías de casi 3,4 millones de toneladas (Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Bélgica y Canadá), con una previsión de crecimiento del 2%. Bilbao mueve 34,6 millones de toneladas, 47 ferrys, 81 cruceros y 280.000 personas. Su facturación es de 76,7 millones de euros.
Paradores de turismo. Los paradores de Hondarribia (Gipuzkoa) y Argomaniz (Araba) continúan bajo la gestión de la empresa pública estatal, con una concesión con Turespaña hasta 2070. En una primera fase, se mantendría la concesión, subrogándose a la administración vasca los derechos y obligaciones de Turespaña, sin incluir al personal ni los puestos de trabajo. Una vez finalizado el periodo transitorio, se procedería al rescate total de la concesión.
Seguridad pública
Tráfico y vehículos. Ampliar el traspaso de tráfico de 1982. Se reclama la expedición de permisos de circulación y matriculación de vehículos; la autorización, inspección y sanción de los centros de reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de conductores; la gestión de centros de reeducación vial, y la organización de exámenes y personal examinador. Ayudará a aliviar la congestión en la organización de exámenes, puesto que se adaptarían los recursos. Las matriculaciones en la CAV ascendieron el año pasado a 25.772 vehículos, un 5,6% más que en 2023. Hay más de 150 centros psicotécnicos, 4 centros de reeducación vial, y cada año hay más de 25.000 exámenes.
Régimen electoral municipal. El Gobierno vasco propone que la comunidad autónoma reciba el traspaso para cederlo a su vez a los territorios históricos, que asumirán la convocatoria, gestión técnica, coordinación, difusión de resultados y subvenciones. Para ello, se prevé mantener la colaboración con el Estado, especialmente por la coincidencia con las elecciones a Juntas. Además, se debe reformar la Loreg para introducir una cláusula que reconozca un régimen municipal propio para Euskadi.
Finanzas y empresa
Crédito oficial y banca. Se plantea un acuerdo de cooperación con el Estado que permita al Instituto Vasco de Finanzas asumir un papel más activo en la gestión del crédito público, que pueda subrogarse en la posición del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de Cofides, de modo que pueda gestionar líneas de financiación sin que computen íntegramente como deuda propia. Un sistema más ajustado a las necesidades de la economía vasca. Sobre ordenación bancaria, se propone que Euskadi pueda ejercer plenamente sus facultades de supervisión, sanción y protección de clientes, en coordinación con el Banco de España y conforme al marco europeo.
Seguros privados. Modificar la Ley 20/2015 para que la CAV pueda ejercer la autorización y revocación de actividades de las aseguradoras de sus territorios.
Seguros agrarios. Asumir las funciones de Enesa, tramitación y pago de las subvenciones de primas de seguros agrarios, ganaderos, forestales y acuícolas, y potestad sancionadora. En 2024 hubo 2.535 pólizas.
Experimentación de obras públicas, Cedex. Este organismo estatal desarrolla trabajos de investigación en ámbitos como infraestructuras, costas y cambio climático, relacionados con competencias propias de la CAV. El traspaso no implicaría cesión de personal ni infraestructuras del Cedex, sino una dotación financiera destinada a programas de fomento para que Euskadi impulse proyectos de descarbonización o sobre la red ferroviaria vasca. Cedex tuvo un presupuesto de 34 millones en 2023.
Pyme industrial. Transferir las funciones de promoción, apoyo a la innovación y diversificación energética de pequeñas y medianas empresas industriales, manteniendo el Estado la competencia financiera.
Otros
Acuerdos en foros distintos a la Comisión Mixta. Se pide la inspección pesquera y embarcaciones recreativas, mediante un acuerdo en la Subcomisión de Coordinación e Impulso Institucional. Servicios privados de seguridad, en la Junta de Seguridad.