El rostro de una trabajadora de los cuidados es el de una mujer mayor de 45 años, extranjera, con un salario bajo y condiciones laborales precarias, un perfil que se parece mucho “al retrato robot de la pobreza”. Así lo muestra la radiografía que ha realizado sobre el sector el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, que ha planteado el reto de mejorar el empleo en los cuidados de larga duración a través de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que el Gobierno ha aprobado esta semana para su tramitación parlamentaria.
La investigación identifica el perfil tipo de las trabajadoras: más del 85 % de las profesionales son mujeres, la mitad de ellas tiene más de 45 años y una de cada cuatro trabajadoras en centros y residencias es migrante, un porcentaje que se eleva al 70 % en las trabajadoras del hogar que son extranjeras. El “rostro” de una trabajadora de los cuidados “se parece mucho al retrato robot de la pobreza”, aseguró Bustinduy en el acto ‘Las trabajadoras de cuidados del Sistema de Dependencia’ donde se presentó este viernes el estudio que analiza las condiciones de las trabajadoras y la mayor incidencia de enfermedades laborales.
Los sindicatos CCOO y UGT aplauden que la reforma del Gobierno refuerce la calidad del empleo como garantía de la calidad de la atención, pero piden mejorar el texto en el trámite parlamentario para garantizar que el sistema de dependencia mantenga la atención preferente mediante servicios profesionales. Desde las residencias, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, considera que la norma es una “declaración de intenciones sin respaldo real”, a la que le faltan “los recursos económicos y humanos necesarios para convertir estas intenciones en políticas efectivas”.
España necesitará incorporar al menos 261.000 trabajadores más dentro de cinco años, en 2030, para garantizar la atención a la dependencia y otros cuidados de larga duración, lo que supone incrementar un 53 % el número de profesionales respecto a los 489.900 empleados a finales de 2024. La evolución demográfica prevé un aumento de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años y habrá 1,2 millones más de personas mayores de 65 años que en 2023.
10.000 euros menos
Según el estudio, los salarios en el sector de los cuidados son de media entre un 35 % y 38 % inferiores al promedio nacional, lo que supone unos 10.000 euros anuales menos respecto al resto de empleos. Uno de cada cuatro contratos en residencias es temporal, y en los servicios de ayuda a domicilio solo el 60 % de los contratos son indefinidos, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Con estas condiciones, la mayoría de las trabajadoras no ven posibilidades reales de promoción y lamentan la falta de reconocimiento profesional, explica el informe.
Las condiciones laborales del sector tienen consecuencias directas en la salud de las trabajadoras. Las tareas que afrontan afectan a su salud física y emocional con dolencias musculares crónicas y accidentes laborales más frecuentes que la media. En 2023, los accidentes en residencias con baja laboral fueron un 75 % mayores que los del promedio nacional mientras que en los servicios sociales sin alojamiento, el exceso llegó hasta el 25 %.
En este último caso, destaca la alta siniestralidad in itinere: para estas trabajadoras los accidentes con baja ocurridos en desplazamientos al trabajo duplican la media nacional, con una tasa de 904 por cada 100.000 trabajadoras, frente a 446 en el conjunto del mercado laboral. La norma trasladada al Parlamento para su aprobación propone la urgencia de ofrecer a las trabajadoras condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas. Contempla que el Gobierno y las comunidades desarrollarán indicadores sobre la calidad del empleo y un seguimiento periódico para garantizar su cumplimiento. También obligará a crear bancos de productos de apoyo, como camas articuladas o sillas de ruedas, para reducir riesgos físicos a estas trabajadoras.
Datos
Necesidades a 2030. España necesitará incorporar al menos 261.000 trabajadores más dentro de cinco años, en 2030, para garantizar la atención a la dependencia y otros cuidados de larga duración, lo que supone incrementar un 53 % el número de profesionales respecto a los 489.900 empleados a finales de 2024. La evolución demográfica prevé un aumento de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años y habrá 1,2 millones más de personas mayores de 65 años que en 2023.
