La Fiscalía de Ávila ha archivado el caso sobre las posibles irregularidades cometidas por parte del Ayuntamiento de La Adrada, de 2.700 habitantes, dentro del proceso de construcción de una vivienda en este municipio por parte del juez Juan Carlos Peinado -que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez- al considerar que los hechos han prescrito.

Este archivo se produce medio año después de la denuncia que presentó un particular sobre la actuación realizada por el Ayuntamiento en este municipio.

Indicios de prevaricación

La fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, Carmen Barberán, ha explicado a EFE que durante la instrucción, que ha incluido la redacción de un informe por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, halló indicios que le hicieron sospechar de la comisión de un delito de prevaricación, pero al estar prescritos los hechos, ha decretado el archivo de las diligencias.

La finca de Peinado, adquirida en 2007 según el registro de la propiedad, consta de 3.000 metros cuadrados sobre la que se edifica la vivienda de 1.000 metros y dos plantas con piscina, valorada en poco más de 15.000 euros, que está ubicada en el camino forestal de La Adrada y que el uso que aparece en los datos del catastro es de almacén y no de vivienda.

En un comunicado de febrero pasado, la alcaldesa destacó la "normalidad" y "precisión" con las que el Ayuntamiento está tramitando la licencia de primera ocupación de esta vivienda por parte de los técnicos, que estaban "recabando la documentación necesaria".

En este sentido, añadió que una vez recopilada la información, se expediría "la correspondiente licencia de primera ocupación de una vivienda que obtuvo el certificado de final de obra y el visado del Colegio de Arquitectos hace poco más de año y medio, en junio de 2023".

Según los datos aportados por Pilar Martínez, el proyecto de la obra, que se inició en 2004 con la presentación del proyecto básico y la obtención de la licencia de construcción, "echó a andar con el PSOE gobernando el Ayuntamiento".

Además, explicó que la normativa urbanística municipal vigente desde 2017 "también se elaboró con el Partido Socialista al frente del Consistorio".

Por su parte, el anterior alcalde, Roberto Aparicio (PSOE), señaló en febrero pasado que, bajo su mandato, en 2022, ordenó paralizar la piscina que se estaba construyendo en la parcela en la que se sitúa la vivienda del juez porque "no cumplía las condiciones" y "no contaba con un colector".

La fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, Carmen Barberán, reconoce a EFE que "esas supuestas irregularidades e indicios" que aparecen reflejadas en el informe del Seprona "podrían haber sido delito" si los hechos no hubieran prescrito, pero lo han hecho y de ahí que no haya seguido adelante con la instrucción.