Sanidad, dispuesta a revisar el copago: “Hay quien no puede pagar sus fármacos”

Una de las tareas que tiene pendientes desde que asumió la cartera hace seis meses es reexaminar los tramos de renta de aportación para el pago de medicamentos, que no han cambiado desde 2012, pese a lo mucho que sí lo han hecho los precios: las de menos de 18.000 euros, que pagan el 40%; de 18.000 a 100.000, que abonan la mitad; y más de 100.000, que desembolsan el 60%.

Y, según avanza en una entrevista con Efe, está convencida de que hay que estudiarlos: “Hay unos tramos de renta que son demasiado amplios, y no es lo mismo alguien que cobra 30.000 que alguien que gana 100.000. Creo que hay que revisarlos”. “No nos podemos permitir 1.000 millones de incremento del gasto farmacéutico”.

No obstante, primero hay que evaluar si los copagos que introdujo el PP “realmente han sido efectivos para la sostenibilidad del sistema, que es para lo que teóricamente aparecieron las políticas austericidas” hace más de una década. Cuando evalúen “cómo están afectando los copagos a las familias, si les está impidiendo que tengan acceso a los medicamentos”, porque hay estudios que apuntan a que en algunas comunidades “hay gente que no se puede permitir retirar sus fármacos”, se tomará una decisión.

¿Abre entonces un resquicio a su eliminación? “No vamos a hacer ningún cambio de ley, ni ninguna ley ni iniciativa nueva que no vaya de la mano de la evidencia científica ni de los estudios”, responde tajante.

De momento, tiene claro que no quiere nuevos copagos, y así lo ha plasmado en el proyecto de ley de universalidad que ha llevado esta semana al Consejo de Ministros, que rescata la cartera común única de servicios, manteniendo la cartera complementaria de las comunidades. La iniciativa impide que algunas autonomías puedan introducir nuevos copagos en el transporte sanitario no urgente y los productos dietoterápicos, aunque los conserva en las prestaciones farmacéutica, ortoprotésica y en servicios accesorios, que Sanidad también revisará para ver si puede “hacer algunos cambios”.

Asistencia

Asume que el proyecto, que restituye el derecho a la asistencia sanitaria a todos los migrantes que residan en el Estado aunque estén en situación irregular, alimentará los discursos xenófobos, “los bulos, las mentiras y las falacias”. Sin embargo, recuerda que también se lo devuelve a los que viven fuera y a sus familiares, además de a los extranjeros que vienen por reagrupación familiar.

Otra de sus bazas es la ley de Integridad del SNS, que pretende limitar y facilitar a las comunidades la reversión de la gestión privada y mejorar los procedimientos de transparencia y auditoría. El proyecto en fase de consulta pública, pone coto a ciertos “tipos de conciertos y concesiones que han parasitado nuestro sistema”, pero no ha gustado a la sanidad privada, que habla de “criminalización”. La colaboración público-privada, como matrimonio, no es ni buena ni mala, depende de cómo se materialice”, de modo que “aquellos que tengan un concierto transparente y responsable con el dinero de los ciudadanos, no tiene nada que temer”. Pero aquellos que “han hecho de esto un lucro incesante engordando las arcas de entidades privadas a costa de la salud de los ciudadanos, claro que se tienen que preocupar”, avisa.