El conflicto del transporte escolar en Bizkaia y Araba ha entrado en compás de espera, mientras los estudiantes de la red pública continúan sin servicio por quinto día consecutivo. El Departamento de Educación, hasta la fecha, no ha publicado la Orden con las compensaciones económicas para las 7.400 familias vascas afectadas por el plante del sector. Y los servicios jurídicos de Educación aún no han llevado ante la Fiscalía la denuncia anunciada para la semana pasada por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, contra las “prácticas sospechosas” y presuntamente “ilícitas” en las que habrían incurrido varias empresas para renunciar a cubrir las rutas licitadas este curso ya que, según aseguran, no les sale a cuenta.
Mientras sigue la investigación abierta por la Autoridad Vasca de la Competencia sobre la concertación del mercado, que ha dejado desiertas el 70% de las 484 rutas escolares licitadas, la única medida adoptada es la publicación de la Orden de ejecución forzosa que obliga a prestar el servicio. Orden que las empresas han ignorado, pese a que Educación ha desestimado las medidas cautelares solicitadas en los 38 recursos interpuestos. Si el lunes el consejero Bildarratz elevaba el tono para advertir de que la “insumisión” acarreará “consecuencias” –sin aclarar cuáles–, ayer el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria abundó en la idea de que las empresas están obligadas a cumplir la ley.
Al termino del Consejo de Gobierno, Zupiria se refirió al conflicto que ha enrarecido la vuelta al cole aunque no dejó entrever cuáles serán los pasos que dará el Ejecutivo para resolverlo. El portavoz advirtió a las empresas de transporte escolar que deben “acatar y cumplir” la Orden firmada por Bildarratz “salvo que algún tribunal administrativo o de justicia diga que no es correcta”. Precisó que el Gobierno considera que, “por ley”, las empresas “están obligadas a prestar ese servicio de transporte, que tan necesario es para asegurar el derecho de la educación que tiene el alumnado de la Comunidad Autónoma Vasca y que depende en parte de ese servicio de transporte”.
Tras reconocer que, en caso de desacuerdo, las empresas “tienen todo el derecho del mundo a recurrir tanto en instancias administrativas como en instancias judiciales esa orden”, Zupiria remarcó que, “mientras tanto, lo que corresponde es acatarla y cumplirla”. Asimismo apuntó que “las consecuencias que se pueden derivar de ese incumplimiento están recogidas en la legislación” y, según precisó, “toda ley suele llevar en su último apartado una referencia a los incumplimientos y a las sanciones, y éstas pueden ser importantes en casos de incumplimiento”.
El portavoz del Gobierno vasco recordó que se trata de un conflicto “cuyo origen se encuentra hace cuatro años”, ya que “estamos con dificultades para resolver esta cuestión del transporte escolar desde el año 2020”. Señaló que hasta el presente las empresas “han presentado 27 recursos a las diferentes decisiones que ha ido adoptando el Gobierno y los 27 recursos han sido rechazados en lo que tiene que ver con los aspectos económicos de los mismos” por parte del el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC).
Compensaciones
Zupiria también recordó que el Departamento de Educación ha incrementado un 31% el presupuesto destinado a cubrir el servicio de transporte escolar los dos últimos años y que Educación va a asumir el coste real del servicio más un 6% añadido de beneficio industrial. En cuanto a las ayudas anunciadas por Bildarratz para las familias afectadas, el portavoz explicó que el Departamento aún no ha concretado cuál será el procedimiento para acceder a ellas, pero la intención es “poder resolver esta cuestión en unos pocos días, de forma que la petición de estas ayudas no tenga que seguir un trámite complicado para las familias, que sea un trámite que sea fácil, ágil y sin mucho papeleo”.
LEY VASCA DE EDUCACIÓN
Por el euskera
Recogida de firmas. Kontseilua ha abierto una recogida de firmas para reclamar que la Ley vasca de Educación recoja el modelo generalizado en euskera, bajo el lema ‘La educación necesita más euskara’. La recogida de firmas cuenta con el apoyo de Ikastolen Elkartea, Ehige, Heize, Steilas, ELA, LAB e HikHasi. En concreto, se pedirá a los miembros del Parlamento Vasco que la nueva ley recoja tres puntos específicos: que el euskera sea lengua vehicular, un currículo centrado en la cultura vasca y que la educación no reglada se desarrolle íntegramente en euskera. Para Kontseilua, el euskera sigue en una situación minorizada, por lo que necesita medidas proactivas con el objetivo de conseguir la igualdad. Por ello, dicen, “la futura ley debe partir del modelo que más éxito ha tenido a la hora de crear alumnos euskaldunes plurilingües, es decir, el modelo con el euskera como lengua vehicular de enseñanza”.
