El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, presidirán hoy viernes en Bilbao la Junta de Seguridad del País Vasco, que analizará, entre otros asuntos, la coordinación policial en ciberseguridad y violencia contra las mujeres. Según informaron ambas administraciones, la Junta analizará la situación de la seguridad en Euskadi y evaluará el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la anterior reunión, celebrada en Madrid el 18 de junio de 2021.
En esa reunión, los gobiernos central y vasco acordaron conectar sus programas de violencia contra las mujeres, VioGén y EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa), para reforzar la protección a las mujeres víctimas de la violencia machista. También participarán en la reunión el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, y el director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez.
Por parte del Gobierno vasco asistirán el viceconsejero de Seguridad, Rodrigo Gartzia; la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa; y el director de Coordinación de Seguridad, Aitor Lete. Al término de la reunión, Grande-Marlaska y Erkoreka comparecerán en una rueda de prensa.
Revisión de protocolos
Por otro lado, el Parlamento Vasco, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios pidió ayer al Gobierno de Urkullu que revise “exhaustivamente” tanto el acuerdo interinstitucional sobre la violencia machista como los protocolos.
EH Bildu llevó ayer al Parlamento Vasco una iniciativa sobre la violencia machista a raíz de los dos últimos asesinatos ocurridos en Euskadi. Uno, el de Lourdes del Hoyo, asesinada por su expareja el pasado 16 de mayo en Orio, y el de Maialen Mazón, gasteiztarra asesinada por su expareja el 28 de mayo después de que regresara de Valencia, donde residía con él.
El Parlamento, en una enmienda transada por PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, apoyada también por PP+C’s en la votación, y rechazada por Vox, pidió a Lakua revisar el acuerdo interinstitucional y los protocolos. Así, entre otras cuestiones solicitaron que en esa comisión puedan participar expertos y miembros de asociaciones que trabajan en la atención a las víctimas.
