Las diputaciones forales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa han acordado un nuevo marco regulatorio de las visitas y salidas en los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad de los tres territorios, que garantizará un contacto presencial diario de los residentes con sus familiares y allegados. Las nuevas medidas se adaptan al nuevo escenario planteado por el avance en la vacunación de los residentes, de las plantillas de los centros y de la población mayor de 60 años, así como por la finalización del estado de alarma.

Las usuarios de estos centros podrán salir del recinto todos los días, sí así lo desean, y se priorizarán las salidas a las visitas. No obstante, se deberán extremar las medidas de seguridad en todo momento, como el uso de la mascarilla y la higiene de manos. Cada centro será el encargado de determinar los horarios para establecer el control de las entrada y salidas. Asimismo, se priorizarán los paseos terapéuticos, evitando en las salidas espacios cerrados y concurridos. Independientemente de la incidencia comunitaria del municipio, las salidas no se suspenderán. Únicamente se impedirán las salidas en caso de que surja un brote en la residencia.

En el caso de que la persona residente quiera reunirse con familiares o personas allegadas en el propio centro, podrá recibir, al menos, tres visitas a la semana. Durante estos encuentros, se extremarán las medidas de seguridad. Con el objetivo de preservar las burbujas de convivencia, las visitas se realizarán en los espacios destinados específicamente para ello, y en ellas podrá participar un máximo de dos personas al mismo tiempo.

Estas condiciones podrán ser exceptuadas cuando la persona residente se encuentre en proceso de final de vida, o sus situaciones cognitivas imposibiliten la comprensión de la situación. En esos supuestos se podrán autorizar mayores frecuencias, duraciones, así como visitas en la habitación.

Investigación

Por otro lado, la Plataforma Estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias exigió ayer miércoles que los Parlamentos de las comunidades investiguen qué ha pasado durante la pandemia para que murieran unos 40.000 ancianos en estos centros, 10.000 más que los contabilizados en los datos oficiales. A su juicio, la Administración debería hacer un estudio sobre las secuelas emocionales y físicas sufridas por las personas que viven en residencias y que han padecido "encierros salvajes de meses", durante y después del confinamiento general de la población. "Personas que caminaban y ya no lo hacen, que se comunicaban con sus familiares y ahora ya no, se ha de saber qué secuelas se han producido".