La Fiscalía General del Estado archivó las diligencias de investigación que abrió por la muerte de ancianos en distintas residencias en España y dejó las pesquisas en manos de las fiscalías territoriales correspondientes.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que ordenaba el cierre de las diligencias de investigación. Delgado considera que al haber abierto ya diligencias las fiscalías territoriales en las residencias en las que se halló a ancianos muertos, como Valladolid o Barcelona, decayó el objeto de las que se abrieron en su momento por parte de la Fiscalía General del Estado.

Todo ello, dice el decreto, “sin perjuicio de mantener en lo sucesivo y con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

Según este artículo, los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer.

La Fiscalía recordó que las diligencias ahora archivadas fueron incoadas el 23 de marzo como consecuencia de una información periodística referente a la situación de personas mayores ingresadas en determinadas residencias. Ese día, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que el Ejército había encontrado en algunas de sus visitas a residencias “a ancianos, a mayores, absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas”, y advirtió de que caería “todo el peso de la ley” sobre las residencias que no cumplan con sus obligaciones.

La Fiscalía decidió entonces abrir diligencias de investigación, las 30/2020, y trasladó a la Fiscalía del Tribunal Supremo la centralización de la información derivada de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en esas residencias.

“Así, en coordinación con los fiscales especialistas y delegados en materia civil de toda España, se recopiló toda la información disponible”, explica la nota. Ahora, “cuando los datos susceptibles de valoración ya han sido transmitidos a las fiscalías territoriales”, la fiscal general considera que lo “procedente” es cerrar “esa labor canalizadora y unificadora”.

Así, acordó derivarlas a las fiscalías provinciales, “únicas competentes territorialmente para cualquier toma de decisión en relación a la investigación de hechos que pudieran tener relevancia penal”.

Desde el 23 de marzo. Las diligencias que se archivan ahora fueron incoadas el 23 de marzo, tras salir a la luz una información periodística sobre ancianos hallados muertos en residencias.