procesamiento de 16 guardias civiles

El Gobierno recurre el 'caso Tarajal' porque las muertes "no se produjeron en España"

09.02.2020 | 17:12
La Guardia Civil sacando del agua el cadáver de uno de los fallecidos en Tarajal en 2014.

"Los fallecimientos no se produjeron un España, por lo  que la causa no está bajo la jurisdicción española"

MADRID. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por  la Abogada del Estado-Jefe, Zaida Isabel Fernández, que representa y  defiende a diez de los 16 agentes. La jueza encargada de la  instrucción del caso, tras dos intentos de sobreseimiento, decidió  procesar a los agentes  al apreciar indicios de que,  con su proceder, incurrieron en dos presuntos delitos de homicidio  imprudente y denegación de auxilio, según señaló en el auto  judicial.

Pero para la Abogacía del Estado, "no se produjo ningún  fallecimiento en el lado español del mar", tal y como avanzó El  Confidencial. Asimismo, en el escrito apunta que "ninguna actuación  de la fuerza española se desplegó en el lado marroquí del mar" y "los  nadadores que alcanzaron la costa española fueron auxiliados por los  agentes y fueron rechazados en frontera sin que presentaran  lesiones".

Con estos argumentos, sostiene que es "insostenible" continuar las  diligencias previas porque "no existen indicios racionales de haberse  perpetrado los hechos que han dado motivo a la formación de la  causa".

"NI UN SOLO MOTIVO" PARA RESPONSABILIZAR A LOS AGENTES

Además, defiende que "ninguna actuación de contención desplegada  por los guardias civiles se materializó en el lado marroquí del mar,  de manera que no pudo ser causante de ninguna de las consecuencias  (fallecimiento o lesiones) que la instructora fija como hecho  punible".

"No hay ni un solo motivo (ni suficiente ni insuficiente) para  considerar que los guardias civiles imputados puedan ser responsables  de ninguno de los delitos", remarca la Abogacía, que pide a la  Audiencia Provincial el sobreseimiento libre de los delitos de  homicidio imprudente y denegación de auxilio, y el consiguiente  archivo de las actuaciones.
En el escrito para impugnar el auto de procesamiento, defiende que  la instructora "parte de una primera premisa errónea al

señalar que  las personas inmigrantes estaban bajo control de fuerzas del orden de  españolas". "Tan sólo se encontraron bajo las fuerzas del orden  españolas los 23 inmigrantes que lograron acceder al territorio  español, y que posteriormente fueron rechazados", agrega.

Y alude a un informe de policía judicial para subrayar que la  entrada se produjo vía marítima mientras los agentes se limitaron a  "intervenir en el lado español de la playa, sin que suactuación  desplegara ningún efecto en la masa y tumulto que se agrupaba en la  zona marroquí del espigón, mar y playa".

Además, la Abogacía del Estado insiste en que "no resulta probado  que los fallecimientos se produjeran en España, que es donde  intervino la fuerza española", al tiempo que apostilla que "no puede  hablarse de 15 fallecimientos", ya que "fueron 5 los que aparecieron,  días después en la costa española".

LOS AGENTES "SOCORRIERON A LOS INMIGRANTES"

Sobre la denegación de auxilio que la instructora recoge como  hecho punible contra los agentes, la defensa de 10 agentes sostiene  que "no hay ningún elemento de prueba que sustente" esa premisa.  "Todos mis representados socorrieron a los inmigrantes de acuerdo con  los medios de que disponían y en la medida en que podían hacerlo sin  riesgo propio ni de terceros", enfatiza.

En este contexto, menciona el informe de la policía judicial para  reiterar que "no se produjo ningún fallecimiento en el lado español  del mar, los 23 inmigrantes que accedieron a la playa ceutí del  Tarajal, bien por sus propios medios, bien auxiliados por los  servicios marítimos, lo hicieron en perfecto estado de salud, y por  ese motivo pudieron ser rechazados en frontera de manera inmediata".

Con respecto al uso de materiales antidisturbios, incide en que  los hechos acreditados en las diligencias previas "difieren" de los  que la instructora recoge en el auto de procesamiento a los agentes.   En este sentido, insiste en que estos medios ni alcanzaron ni  sobrepasaron la zona marroquí ni se lanzaron para alcanzar a los  migrantes, y además, recalca que "el tumulto y aglomeración, se  produce en todo momento, en el lado marroquí".

Según la Abogacía, "la situación de aquel 6 de febrero exigió el  uso de medios antidisturbios y solo el uso de tales medios permitió  la canalización de los inmigrantes hacia el lugar seguro más  cercano". "Todos y cada uno de mis representados no solo no actuaron  de manera imprudente, sino todo lo contrario, actuaron de manera  acorde con el manual", manifiesta.

"Más allá de que ninguno de mis representantes haya cometido  ninguna imprudencia grave, debe tenerse en cuenta que es imposible  achacar un resultado a ninguna actuación concreta de ninguno de  ellos", afirma.

Asimismo, señala que la juez instructora no ha hecho "ningún  esfuerzo en individualizar y concretar la actuación que debe  imputarse a cada agente de la guardia civil a los efectos de  relacionar presuntos hechos punibles, con imputados". "Se les imputa  a los 16 investigados los hechos como un todo, ignorando la ubicación  concreta que tenía cada uno, ubicación que en algún caso hacía  imposible la participación en los hechos imputados erróneamente",  remarca.

En definitiva, para la abogada del Estado, ni consta ni se han  producido "presuntos hechos punibles o relevantes desde un punto de  vista penal y la identidad de los presuntos responsables". "Estas  diligencias se han convertido, en una suerte de investigación  genérica de hechos, que no revisten trascendencia penal, o que al  menos, son de imposible atribución a ninguna de las personas que se  encuentran imputadas, y cuyo objeto parece que se ha centrado en  demostrar la corrección de actuación de los agentes de la guardia  civil", destaca, apuntando hacia una "vulneración del derecho de  defensa".

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