Manu Lezertua: “La RGI es la envidia de otras comunidades”

Le pregunto por su salud porque quien aplica la ley tal vez lo pueda hacer fríamente, pero cuando se tratan asuntos tan delicados como hace usted? ¿afecta a la salud personal? ¿Más del cuerpo o más del alma y del sentimiento?

-El Ararteko no es un puesto que permita actuar desde la frialdad. Es importante sentir los problemas de la gente, vivirlos, y sí, afecta a la salud, al bienestar. Las noches sin dormir también forman parte del estado del nerviosismo, la preocupación, del dilema sobre cómo proceder.

¿Es difícil o fácil cerrar el despacho y no llevarse a casa alguno de los problemas que le plantean?

-Es muy difícil, en mi caso es imposible. Cuando cojo vacaciones, las empiezo varios días después, o semanas, porque es muy difícil desconectar de lo que has llevado en la oficina y le das vueltas en la cabeza y te vienen ideas y cosas que debías haber hecho o dicho y que se han quedado sin hacer. No es fácil aislarse, la descompresión lleva un tiempo.

¿Cuáles han sido los asuntos que más le han planteado este curso? ¿Se repiten muchos: Lanbide, RGI, menas, maltrato a menores, discriminación laboral??

-Los de Lanbide se repiten mucho, pero han bajado porque hay menos perceptores al descender la tasa de desempleo. Cuando llegué a la Defensoría había 70.000 perceptores, ahora 50.000. La recuperación económica aunque no ha llegado a todos por igual, provoca que haya menos casos. Pero como no se ha podido reformar la ley, que tiene muchos defectos, genera muchos litigios y se repiten numerosas controversias. Esperemos que cuando se cambie la norma se haga para bien y para mejorar los nuevos criterios al acceder a la RGI. El resto de los asuntos tienen que ver con la Función Pública, la OPE de Osakidetza nos ha llevado mucho tiempo.

Todo lo referente a las OPE genera mucha controversia

-Sí. También el sistema público educativo origina multitud de asuntos de todo tipo. Padres y madres que no están de acuerdo con la escuela asignada a sus hijos, quejas sobre los berritxegunes por no dar las respuestas especiales que precisan sus hijos. Por otro lado, desde la Institución estamos preocupados porque a los niños inmigrantes se les concentra en determinados colegios. Actuamos con el departamento de Educación porque tenemos quejas de algunos padres y de asociaciones de Vitoria. Es un tema que nos preocupa y nos genera trabajo. Las quejas sobre salud y Osakidetza igualmente son muy frecuentes.

¿Por qué cree que se repiten? El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿o hay quien quiere que sigamos tropezando y no resuelve su parte de responsabilidad?

-Hay muchas razones y las necesidades cambian también. Las personas son hoy en día más conscientes de sus derechos y los reivindican. Todo lo relativo a la movilidad, a la accesibilidad de los edificios, de los transportes públicos para las personas con discapacidad, están en primera línea. La Diputación Foral de Álava, en su masiva OPE, ha tenido en cuenta que este colectivo pueda participar y ha regulado los tiempos para que hagan los exámenes. Son exigencias nuevas que se van añadiendo.

La ciudadanía cada vez es más exigente con la Administración.

-Sí. Los temas de transparencia, el acceso a los documentos de la administración pública provocan muchas quejas. Las personas son más exigentes y los problemas varían porque no vivimos en un mundo perfecto y algunos funcionarios se dejan llevar por la inercia y a veces eligen las opciones más fáciles, no las más justas. Por ello, en ocasiones hay que recordarles que están en un servicio público y que atender a las personas es lo esencial de su trabajo.

Ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco, Gobierno central, Sanidad, Educación, Ertzaintza, Policía, Vivienda? ¿Sobre quiénes y qué administraciones públicas recibe más quejas o reclamaciones?? ¿Colaboradores, reticentes, esquivos, asertivos: cómo responden a sus llamadas de atención?

-Situaciones desagradables y tratos defectuosos por parte de funcionarios pueden ocurrir en cualquier sitio. Hay personas que vienen a quejarse al Ararteko porque consideran que el médico no les ha tratado bien. También sobre la policía porque piensan que durante alguna intervención no ha hecho bien su trabajo. En estas situaciones pedimos que se investiguen las denuncias y se sancionen si es preciso. Por otro lado, es cierto que en Lanbide, al ser un sistema bastante descentralizado, había lugares donde se repetían los incidentes. El abono de la RGI era un tema relativamente nuevo y costó mucho poner en marcha un funcionamiento homogéneo en toda la red. Hemos insistido con resoluciones e informes y, sinceramente, creemos que ha mejorado.

De la calidad de la atención depende luego la reacción de la gente.

-Sí. Si les tratan a batacazos es negativo, no solo para el funcionario que no ha hecho su trabajo correctamente, sino para todo el sistema y todo el país. Nosotros insistimos en que la atención debe ser exquisita, aunque tenemos quejosos profesionales a los que les parece todo mal.

¿También recibe quejas, reclamaciones o petición de ayuda ante entidades o empresas privadas de servicios públicos?

-En todo lo que no tiene que ver con la Administración no somos competentes. Creemos que si se modifica la ley tendría que ampliarse la competencia del Ararteko a todos los suministrados de servicios público, aunque sea una entidad privada. Eso se ha hecho en Catalunya y pensamos que es una buena medida. Porque cuando se privatizan se dan situaciones muy delicadas porque son más baratos, quedan sin el control y la protección que tenían cuando eran servicios públicos con lo cual la calidad se deteriora, la vigilancia va a ser menor y, por eso, creemos que tendrían que ampliar la competencia del Ararteko

¿Se tendría que cambiar la ley?

-Sí. Tiene treinta años y necesita mejoras. Una de las cosas que proponemos, porque es el Parlamento quien debe decidirlo y aprobarla, es ampliarla. Porque hay veces que sí conseguimos intervenir, cuando nos llega una información de una mala gestión de un servicio público prestado por una entidad privada como las residencias de mayores. En caso de la huelga de los centros de Bizkaia nos llegaban informes negativos de familiares y denunciamos a la administración para que ejerciera sus facultades. En este caso, la reacción de la Diputación fue inmediata y mandaron inspectores. También pedimos explicaciones a Kontsumobide. y, aunque está fuera de nuestra competencia, hemos intervenido en asuntos de desahucios.

Año tras año los alardes de Irun y Hondarribia son noticia por un conflicto enquistado. La beligerancia parece reducirse, pero ¿es suficiente? ¿Es pensable un acuerdo cercano? ¿La tamborrada de Donostia o ‘Zubigaineko dantza’ de Lesaka no es factible aquí?

-Lo que pasó en Hondarribia en el último Alarde fue muy triste. En Irun ha continuado de manera regular, el ambiente se ha ido distendiendo. Este año no ha habido ningún incidente. Incluso se apuntan ya posibles vías de solución para los problemas que quedan. En Irun los dos alardes no funcionan con la misma base jurídica aunque esperamos que se arregle más pronto que tarde. Sin embargo, en Hondarribia el año pasado nos sorprendió porque el anterior había ido bastante bien.

¿Por qué bajó la tensión?

-Porque por primera vez acudieron los ertzainas a evitar que hubiera lío. Fueron de paisano e impidieron que se subieran los carteles negros, alegando cuestiones de seguridad. Aquello rebajó la tensión. El Alarde Tradicional no quiere que desfile antes el Alarde Mixto, pero este lo hace porque piden permiso al Departamento de Seguridad y se acogen al derecho de manifestación, que es un derecho fundamental y pasa primero. La que fija la hora es la consejera de Seguridad. Sin embargo, el Tradicional desfila por espectáculo y pasa después. Eso les da una rabia espantosa a quienes esperan al Alarde Tradicional.

¿Esto no repercute negativamente en una ciudad como Hondarribia?

-Sí. Incluso tiene consecuencias políticas. Sabemos que hay varias iniciativas para acercar posturas, pero lo primero que hay que hacer es conseguir ponerles en situación de negociar, que se sienten en la misma mesa. Yo me he reunido con los dos alardes y es cierto que en Hondarribia he constatado por parte del Alarde Tradicional una agresividad apenas contenida. Escribí a una especialista británica en gestión de conflictos que lleva tiempo intentando condiciones de mediación. Ella intervino en la paz de Colombia, negociando el fin de la guerrilla y el proceso de pacificación y lo consiguió tras sesenta años de guerra larvada.

¿En Hondarribia le fue imposible?

-No consiguió nada, pero me escribió diciéndome que lo intentará de nuevo y nos pedía ayuda. Lo haremos, pero ella misma reconocía que no se encuentran las circunstancias necesarias para que se entablen las condiciones para llegar a acuerdos. El Alarde Tradicional echa la culpa a la prensa por la mala imagen que ofrecen de Hondarribia. Tampoco les gusta la gente de fuera de la localidad. ¿Para qué vienen a nuestro pueblo para criticar a los mismos de siempre?, te lanzan a la cara.

La RGI es polémica. ¿Ha aportado ideas como Ararteko a la nueva reglamentación propuesta? ¿Si se extendiera a todas las comunidades sería menos espinosa?

-La RGI es objeto de envidia por parte de otras comunidades. Euskadi ha demostrado en esto un liderazgo importante, por eso las tasas de pobreza, marginalidad y todos los componentes sociales son mejores aquí. La RGI ha servido de colchón. Lo que ocurre es que con la práctica se han detectado errores en la propia legislación que inducen a fallos en la gestión. Desde la Institución lo que no hacemos es pronunciarnos sobre ninguna ley de manera preventiva. El debate político y la redacción de leyes es algo que corresponde al Parlamento. Nosotros tenemos que analizar después cómo se han aplicado y si son justas.

¿Porque su pronunciamiento les condicionaría al examinar los casos?

-Cuando nos piden que opinemos sobre un proyecto de ley, lo que hacemos es advertir. El que avisa no es traidor, es avisador. Nos negamos a hacer una valoración de la ley porque consideramos que no tenemos funciones de consultoras del Gobierno y lo que hacemos es explicarles a los parlamentarios cuáles son nuestras decisiones.

Ya sé que es Ararteko de la CAV. Casi el mismo acto contra guardias civiles en Altsasua y Puerto de Santa María. Largos años de cárcel en un caso, ni juicio de faltas en el otro. Cuando se reúne con otras Defensorías, ¿no se plantean estas ‘diferencias’ de aplicación de ley por razón geográfica?

-Cuando tenemos casos que tienen que ver con otras defensorías los discutimos y trabajamos conjuntamente. Tenemos una reunión anual, que este año será en Andalucía para tratar cuestiones sobre los menas. Y es que la mayor parte de los que vienen llegan a Euskadi, Catalunya y Andalucía porque entran por allí. Pero hay comunidades que no tienen ningún centro de acogida y eso no puede ser. Aquí se han abierto unos cuantos nuevos y aún así estamos con tasas de saturación altas. La llegada de tantos menores no acompañados está tensionando nuestro sistema, pero si se hiciera un reparto un poco más equilibrado y cada uno asumiera una cuota de los que llegan, esto no sucedería. En contestación al Ararteko de Andalucía respondí con datos: en Euskadi tenemos más menas que nadie.

¿El Ararteko es Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís, oficina de reclamaciones, un mirlo blanco en la jungla sociopolítica, el bueno frente al feo y el malo?? ¿Caridad o justicia?

-Intentamos ser justos y accesibles, escuchar a todas las personas. Hacemos una labor de pedagogía. Recibimos muchas consultas de gente que está perdida. Por eso, a veces somos la cara amable de la Administración. Es el primer sitio donde van y les escuchan. Eso sí podría parecer caridad, pero creemos en la justicia. De hecho, la mayoría de las personas que tratan de los asuntos que nos llegan son juristas con experiencia. La institución lo que busca es que la ley funcione y que se aplique con humanidad.

Sin poder coercitivo, armado tan solo de leyes, razones y razonamientos, ¿cómo consigue que su llamada de atención tenga efecto?

-Ojalá tuviera más pero el Ararteko, como todos los ómbudsman, es una figura que la doctrina define como una magistratura de persuasión. Intentamos convencer cuando creemos que ha habido una mala actuación para que se modifique. En muchas ocasiones se soluciona con una llamada. Además intentamos que nuestra argumentación sea sólida, pero hay ocasiones en las que no se acepta nuestra recomendación, aunque estamos tranquilos desde la Institución por nuestro convencimiento de que hemos aplicado la ley y la hemos interpretado de la forma más correcta posible.