Bilbao - El Tribunal Supremo (TS) volvió a tumbar parte del sistema de becas de Euskadi. En esencia, la sentencia del Alto Tribunal establece que la legislación orgánica del Estado está por encima de la normativa vasca en esta materia pese a tener competencia exclusiva en Educación y aunque las becas corren a cargo de los Presupuestos vascos y no de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde que en 1989 se materializó la transferencia de enseñanza, Euskadi es la única comunidad que autofinancia las ayudas al estudio. Esta particularidad es el núcleo de la estrategia del Gobierno vasco para defender su política de becas frente al decreto de José Ignacio Wert que en 2014 endureció el acceso de las ayudas y que Euskadi no aplicó, por lo que Gobierno Rajoy recurrió en aras de salvaguardar la “igualdad de oportunidades” de todo el alumnado del Estado, aunque en el trasfondo del recurso estaba la recentralización de la educación.

Precisamente, el hecho de que las becas dependan de los fondos aportados por la Hacienda General del País Vasco “para coadyuvar a solventar” la falta de estabilidad financiera que originó el decretazo Wert es el argumento esgrimido por dos de los seis magistrados de la Sala Tercera del TS para votar en contra de la sentencia. No obstante, el fallo considera que “un sistema de becas paralelo al del Estado basándose en su propia financiación conduciría a que los estudiantes dependiendo del lugar de residencia, no tendrían las mismas oportunidades” al tiempo que “favorecería a los de regiones con mayor disponibilidad financiera” lo cual generaría “importantes desigualdades en el acceso” a la educación en función del lugar de nacimiento.

Dicho en plata, según el TS, el sistema vasco de becas atenta contra el principio de igualdad de oportunidades, generando estudiantes de primera y de segunda. Y es que según esta tesis, quienes llegan de otras comunidades no pueden acceder a las becas vascas, ya que sus familias no tributan en Euskadi. Pero la moneda no tiene por qué caer del lado vasco ya que el gasto medio por becario vasco en Bachillerato y Formación Profesional (FP) fue de 368 euros el curso 2016-17, frente a los 1.286 euros en el resto de comunidades. Y eso es así porque Euskadi financia ambos ciclos posobligatorios y el resto del Estado, no.

¿Y ahora qué? El Departamento de Educación del Gobierno vasco guardó ayer silencio a la espera de que sus servicios jurídicos analicen la sentencia, que lleva fecha del 22 de mayo. Tampoco aclaró qué incidencia tendrá el fallo en el alumnado -de FP y Bachillerato- que desde 2014 ha recibido una beca o si en adelante la política vasca de becas se adaptará a la estatal. El fallo también podría tener una derivada política, ya que en la primera reunión que mantuvieron la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y la ministra Isabel Celaá, ambas acordaron “trabajar conjuntamente para dar una solución” a los recursos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy contra el sistema de becas vasco. A la vista está que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha retirado los recursos, pese a que el PSE es socio del Ejecutivo Urkullu.

El recurso interpuesto por la Abogacía del Estado no ha paralizado nunca el sistema y no conlleva la obligatoriedad de devolver las ayudas concedidas a las familias. En primera instancia, los tribunales ya se pronunciaron sobre una parte de estos recursos, la correspondiente a las becas no universitarias del curso 2014-15, dando la razón a los postulados del Ejecutivo central, por lo que el Gobierno vasco presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ese año, el Ejecutivo de Gasteiz destinó 53 millones de euros a becas no universitarias, lo que posibilitó que se concediesen 123.702 ayudas para material escolar y 61.284 para comedores.

Diferencias Hasta aquí, la esencia de la sentencia. El fallo pone en solfa los elementos que diferencian las becas vascas del resto y que generan desigualdades: los umbrales de renta para acceder a una ayuda, las cuantías y los criterios académicos. La norma vasca eleva los umbrales de renta de las familias, lo que amplía el número de beneficiarios aunque la cuantía de la ayuda sea menor. El nivel de ingresos para poder acceder a una beca del Ministerio son de 7.200 euros anuales, el más bajo, 10.600 euros y 13.900 euros. En Euskadi hay tres umbrales de renta que varía en función de los hijos. En la convocatoria de este año los umbrales de tres miembros, con un hijo, son 17.567, 22.820 y 34.353 euros, lo que favorece que las clases medias puedan acceder a las ayudas. Para obtener la beca en FP y Bachillerato no se puede superar los umbrales 2 y 3.

Este planteamiento no responde a una razón filantrópica, sino estrictamente económica, porque el nivel de renta de las familias de Euskadi es un 18% superior a la media del Estado. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la renta media de un hogar español es de 28.417 euros, frente a los 35.049 euros de un hogar vasco. Además, las cuantías de las becas son diferentes. Desde 2014 la cuantía de la beca del Ministerio es fija para todo el mundo, 1.500 euros, y un variable de 60 euros. En Euskadi, en cambio, existen distintos conceptos y distintas ayudas: material escolar, enseñanza, comedor, desplazamiento y residencia.

El umbral que no se puede sobrepasar varía según el tipo de beca, etapa y el número de miembros de la familia. Según el Consejo Escolar de Euskadi, en el curso 2016?-17 el umbral de una familia de cuatro miembros para solicitar beca de comedor para un alumno o una alumna de Primaria, ESO, Bachillerato o FP fue de 27.069 euros anuales y para beca de material escolar, de 40.796. El curso 2016?-17 el 35,7% del alumnado recibió beca de material, y el 20,7% del alumnado de 2 a 16 años recibió beca de comedor. El porcentaje de beca en Gipuzkoa es inferior a la media vasca, mientras que en Bizkaia es superior en tres puntos en comedor. Además Lakua da ayudas a familias monoparentales que el Ministerio no contempla. Y también hay distintos criterios académicos. Euskadi no exige el reintegro de la beca por la inasistencia a un 80% de las horas lectivas o a la no superación del 50% de las asignaturas, tal y como exige el decretazo Wert.