Bilbao - Conseguir que los ríos de Bizkaia discurran limpios, que sus orillas no se vean invadidas por construcciones ilegales y que los permisos de actividad que se emiten en sus márgenes se cumplan no es tarea sencilla. La Agencia Vasca del Agua (URA) es el organismo público encargado de ello y cuenta con un cuerpo de 28 inspectores especializados, la conocida como la Policía del Agua, que vigila a pie de orilla que la legislación en vigor se cumpla en beneficio de los ríos.
Ejemplo de ello fueron las 6.065 inspecciones practicadas el pasado año tanto en labor de oficio que realizan los agentes en su rutina diaria como por las denuncias que interponen otras entidades públicas y también muchos particulares. Por cierto, estas últimas cada vez más numerosas, lo que implica una mayor concienciación social por el mantenimiento en buen estado de nuestros cauces fluviales.
Según el último informe de gestión de URA, al que ha tenido acceso este periódico, el pasado año el mayor número de controles se llevaron a cabo para comprobar que los permisos otorgados a industrias, granjas y particulares para verter en los cauces sus aguas previamente tratadas se cumplen a rajatabla. El pasado ejercicio la Policía del Agua acumuló 3.140 inspecciones, mayoritariamente por esta razón. Iñaki Urrutia, jefe de los inspectores de URA, explica que “tenemos activo un plan de vigilancia para estos vertidos que se cambia cada año, tomando muestras, observando cómo se hace el desagüe y otros datos técnicos”. Y luego están los vertidos ilegales. Los agentes también tienen que salir rápidamente tras recibir denuncias de derrames contaminantes que se registran en nuestros cauces fluviales por desaprensivos que tratan a los ríos como si fuesen sus cloacas particulares. El pasado año URA atendió 425 avisos de SOS Deiak, manteniéndose al alza este tipo de actuaciones desde hace cinco años, ya que en 2014 se registraron 251 de este tipo de avisos. Iñaki Urrutia considera que “la sociedad se va comprometiendo cada vez más. Además se ha dado un cambio de paradigma; antes la gente vivía de espaldas al río y nadie denunciaba, ahora la sociedad demanda que se castigue a quien contamina o atenta contra los ríos”.
La Policía del Agua también incrementó su trabajo de vigilancia para que las autorizaciones que se otorgan con el fin de ejecutar obras en el entorno de los ríos se atengan a lo permitido. Se llevaron a cabo 2.842 reconocimientos en urbanizaciones, construcción de edificios, plantaciones de árboles o talas de los mismos. El año pasado se iniciaron 980 expedientes por esta razón, de los cuales 681 fueron resueltos. Estas cifras afianzan la tendencia iniciada en 2014 de incremento de estos permisos, dando un salto importante el pasado año cuando aumentó un 44%. Y en estas peticiones hay tanto actores privados como públicos. Así se nota que ayuntamientos, Diputación y otras instituciones con competencias han vuelto a activar su maquinaria constructora tras la crisis. El pasado año se solicitaron a URA 37 informes urbanísticos, emitiéndose 18, una cifra al alza igual que las autorizaciones de obras que pasaron de menos de 25 en 2017 a 45 el pasado ejercicio.
Con respecto a las concesiones de aprovechamiento de los ríos -sacar agua para uso privado o industrial- vigilar que se atenga a lo convenido supuso 83 controles.
En los más de 6.000 exámenes referidos, como es lógico, se detectaron irregularidades y defectos. Ante ellos los inspectores son los encargados de enviar requerimientos que, según explica Unai Sebastián, inspector de la cuenca del río Oka, que recoge toda la zona de Urdaibai, “a veces se quedan solo en eso, en un aviso, porque el afectado corrige la irregularidad y la denuncia no va más allá”.
Y también sanciones Pero hay otras ocasiones en que no ocurre así y en función de los incumplimientos, su gravedad y la frecuencia se proponen expedientes sancionadores. El pasado año se redactaron 243 propuestas de multas.
La vigilancia a pie de obra sumó la mayoría, 139 propuestas, por comenzar edificios sin autorización administrativa y/o que afectaron al dominio público hidráulico y otra docena por las mismas razones en la franja de costa. Porque URA también es responsable de lo que acontece en la servidumbre marítimo-terrestre.
La entidad dependiente de Lakua recibió en este último ámbito 37 denuncias por incumplir las directrices marcadas en alguno de los 84 expedientes de autorización abiertos durante el pasado ejercicio de los 41 permisos de obras de reparación, mejora y consolidación de construcciones o instalaciones ubicadas frente al mar.
En cuanto a los vertidos de todo tipo, legales e ilegales, URA abrió 79 expedientes sancionadores el año pasado, una cifra discreta ya que existen vivos 2.351 puntos de vertidos autorizados, 1.340 en suelo urbano, 781 en industrial y 559 en urbano residencial. Una cifra que sigue creciendo, ya que el pasado año se iniciaron 191 expedientes por peticiones nuevas, revisión de autorizaciones ya existentes y cambios de titularidad.
Finalmente, las concesiones para extraer agua de los cauces implicaron en 2018 la apertura de otros 25 informes sancionadores.
