Bruselas - La Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar la política migratoria de la Unión Europea y de sus Estados miembros por crímenes de lesa humanidad durante los últimos cinco años. Es la denuncia que un grupo de abogados ha presentado este lunes en La Haya acusando a la Unión de una estrategia premeditada. Desde Bruselas defienden que su prioridad siempre ha sido salvar vidas en el Mediterráneo. La Comisión Juncker echó a andar con el inicio de la crisis de refugiados. Y se despedirá con sombras sobre la política migratoria que la UE y los Estados miembros han implementado a lo largo de estos cinco años. Este lunes un grupo de abogados internacionales ha presentado un informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) para sentar a personal comunitario y de las capitales europeas ante los tribunales por “crímenes de lesa humanidad”. El documento de 245 páginas los responsabiliza de la muerte de miles de personas en el Mediterráneo y la externalización de su responsabilidad a Libia. “Hemos visto el informe, pero no tenemos nada que decir sobre procedimientos que todavía no han sido abiertos. Los números de la UE salvando a personas en el Mediterráneo hablan por sí mismos. Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”, ha señalado la Comisión Europea a través de Natasha Bertaud, portavoz de Asuntos Migratorios.

El documento, construido con testimonios y documentos internos de la Unión, dibuja la política migratoria de la Unión Europea desde 2014 como una estrategia premeditada para disminuir la presión migratoria a cualquier precio. “La UE ha orquestado una política de reubicaciones forzosas a sitios en Libia que son como campos de concentración en los que se cometen crímenes terribles”, reza el escrito al que ha tenido acceso The Guardian. Y la acusa así de cómplice en el retorno en los refugiados al Estado fallido en el que se ha convertido Libia desde 2011, envuelto en una guerra civil y gobernado por decenas de milicias. Ahora la corte de La Haya deberá decidir si abre una investigación o inicia un caso formal en base a esta acusación. Sin embargo, el documento per se es ya una bofetada a una Unión Europea, que ha calificado como “exitosa” su política migratoria de los últimos años, alegando la reducción del número de solicitantes de asilo que perecen en el mar Mediterráneo.

Un mar mortífero Si bien es cierto que las cifras de personas que llegan a día de hoy a la UE alcanzan mínimos de 2013, es decir de antes de la crisis, la mortalidad en el Mediterráneo se ha duplicado. A día de hoy, el Mediterráneo es más mortífero que nunca antes. Un estudio del Instituto Italiano de Política Internacional (ISPI) revela que en septiembre de 2018, el 20% de las personas que partieron desde Libia murieron o desaparecieron en el mar. Es decir una de cada cinco. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), desde enero a julio de 2017 moría en el Mediterráneo una persona por cada 42 que pisaba suelo europeo. Durante el mismo periodo de 2018, pereció una de cada 18. Es decir, la tasa de fallecimientos se ha duplicado en términos reales. “Las políticas de la UE no están causando esta tragedia. La están causando los crueles y peligrosos modelos de negocio de los traficantes de personas que explotan la miseria humana y ponen la vida de las personas en riesgo”, defienden desde Bruselas reiterando su defensa de los guardacostas libios y sus acuerdos con el país norafricano “siempre en línea con el cumplimiento de los derechos humanos”, puntualiza.

Una de las principales denuncias de los abogados es el fin de Mare Nostrum, la operación marítima de Italia en el Mediterráneo Central que fue sustituida por la misión europea Tritón. “Tritón creó el ataque más letal y premeditado contra la población civil que haya visto el CPI”, apunta el texto, según el rotativo británico. Y continúa: “La UE y los Estados miembros eran conscientes con anterioridad de las consecuencias devastadoras de sus conductas”. Así, se acusa a funcionarios y políticos no de perpetrar los crímenes directamente, sino de orquestar una estrategia a sabiendas del riesgo que esta entrañaba para la vida de miles de personas.