Madrid - La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla denunciaron ayer que el incremento de las pensiones para los huérfanos de violencia de género aprobado el pasado marzo “todavía no es efectivo” para los casos anteriores a esa fecha. Lo pusieron de manifiesto durante la presentación del tercer Informe Anual que elaboran sobre los huérfanos de la violencia machista, que desde 2013 -cuando empezaron a contabilizarse de forma oficial- ascienden a 243 menores, incluidos los 13 niños que han perdido a sus madres por estos asesinatos en lo que va de 2019.

“El problema con la ley es que todavía no es efectiva, al menos en los casos antiguos”, advirtió la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que cree que “los casos nuevos” que ha habido desde que se ha aprobado el aumento de esas pensiones “no tendrán ningún problema”. Por ello, pidió “celeridad” a la Administración e instó al nuevo Gobierno que se constituya que este tema “sea una prioridad” para poder garantizar los criterios de retroactividad que contempla la ley y que estas ayudas lleguen también a los casos de menores anteriores a la entrada en vigor de la ley.

En este sentido, Soleto no especificó hasta qué año deberían revisarse los casos aunque remarcó que “hay posibilidades de retroactividad” y que están “a la espera” de que el desarrollo reglamentario de la ley “precise cuáles son las condiciones”.

El marido de Soledad Cazorla, primera mujer de Sala contra la Violencia sobre la mujer y promotor del Fondo de Becas, Joaquín Tagar, ha pedido a la Seguridad Social que “actúe de oficio” a la hora de conceder estas pensiones, de modo que no sean las familias las que tengan que pedir estas ayudas para poder cobrarlas: “Que no se tenga que aplicar la ley pidiéndolo”, ha dicho.

Soleto explicó que con la entrada en vigor de la ley, la cuantía mínima que percibían las familias ha pasado de 197 a 710 euros y recalcó que se ha eliminado el obstáculo de acceso que existía para muchas familias, que no recibían ninguna ayuda. “Se garantiza que no va a volver a haber familias que perciban cero euros del Estado por hacerse cargo de los hijos de sus hijas asesinadas”, aseveró.

Todavía quedan “lagunas” Insistió en que todavía quedan “lagunas” y que se debe mejorar el sistema para dar cobertura a los supuestos que no se han incluido dentro de la nueva prestación de orfandad, como son los menores que han sido adoptados o los que el padre está vivo.

Según el avance del informe, desde 2005 se han producido unos 682 asesinatos de mujeres que han dejado menores huérfanos y que, según remarcó Soleto, representan familias que han sufrido un “efecto de invisibilidad” porque “han salido de los circuitos de seguimiento social” y la ausencia de ayudas provoca que desaparezcan. “No son familias que estén acostumbradas a que este problema tenga una contraprestación por parte del Estado”, lamentó. Respecto a las cifras de los menores huérfanos, el informe señala que en 2013 fueron 42 los niños que perdieron a su madre por la violencia machista, en 2014 fueron 43; en 2015, 51; en 2016, 29; en 2017, 26; en 2018, 39 y en lo que va de 2019 son trece. - Efe