Cada vez son más las voces que reclaman una política para atender a los menores extranjeros no acompañados

Aunque ya lo había hecho en numerosas ocasiones de forma pública, el diputado general de Bizkaia envió en julio del año pasado una carta oficial a la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, para reclamar al Ejecutivo de Madrid la necesidad de establecer cupos por comunidades para acoger a menores extranjeros, además de recibir ayudas económicas para hacer frente a esta realidad. En la misiva, Rementeria trasladó “el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad y administración en la acogida y la inclusión social de estos menores” y la necesidad de “abordar esta realidad desde un enfoque que va más allá de nuestro territorio”. “Estamos ante proyectos de inmigración económica, en la búsqueda de formación y mejora económica, más que en una problemática propia de protección a la infancia, circunscrita a un territorio”, destacaba la institución foral. “Un abordaje que pretenda ser efectivo, en términos de equidad e inclusión, territorial y social, debe realizarse con perspectiva supra-territorial y muti-competencial. Por ello, hemos realizado llamamientos expresos a la implicación de la Administración General del Estado, con competencia de coordinación en materia de infancia, a articular mecanismos que garanticen la equidad territorial y a implicar a otros Ministerios con competencias en materias de Exteriores, Inmigración, Seguridad, Judicatura o Fiscalía”. Por todo ello, consideraba fundamental establecer mecanismos de “equidad territorial y financiación”.

El fuerte incremento en la llegada de menores extranjeros no acompañados en los últimos años ha hecho saltar las alarmas de las entidades del tercer sector, las instituciones y hasta de la Fiscalía General del Estado. Aunque la llegada de menas a Bizkaia no es nueva, tras unos años en los que se había reducido de forma significativa se ha vuelto a reactivar. Si en 2015 llegaron a Bizkaia 180 menores extranjeros, en 2017 fueron 763 y el año pasado se llegó a los 983; en solo tres años la cifra se ha multiplicado más que por siete. Euskadi es hoy en día la cuarta comunidad que más menas acoge, solo por detrás de Andalucía, Catalunya y Melilla; el Estado cerró 2018 con alrededor de 13.000 menores extranjeros solos.

La mayoría son magrebíes pero cada vez son más los que llegan desde el área subsahariana -Ghana, Senegal, Costa de Marfil o Camerún- que pasan por procesos migratorios muy largos y duros, de un año o dos atravesando varios países. Su perfil también ha cambiado de forma considerable: si antes llegaban sobre todo niños solos, de 12 o 13 años, menores en situación de desprotección, ahora tienen una edad mayor, de 16 o 17 años, y han iniciado un proyecto migratorio de motivación económica, apoyado también por sus familias para mejorar sus condiciones de vida. Buscan aquí las oportunidades que les faltan en sus países de origen.

Más recursos y centros La Diputación, competente en materia de infancia, y, por tanto, de su tutela, ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años para garantizar el bienestar de estos menores. El presupuesto destinado a ello ascendió a 22 millones de euros el año pasado, incluyendo la apertura de nuevos centros. “Todas las personas están protegidas y se cumplen los ratios. En Bizkaia estamos ayudando y lo estamos haciendo bien. Pero si queremos hacer las cosas bien no podemos llevar a la extenuación los resortes sociales y humanos que tenemos”, ha manifestado en más de una ocasión Unai Rementeria. En su opinión, no se trata solo de abrir más plazas en los centros de acogida, “sino de ayudar a estos menores a su inclusión social y para eso hacen falta recursos educativos, sanitarios y sociales, porque les tenemos que ofrecer oportunidades para su proyecto vital ya que, en caso contrario, van directos a la exclusión”. Estos últimos años, no obstante, no han estado exentos de incidentes protagonizados por estos menores en el territorio, como el incendio que en 2017 obligó a cerrar durante unas semanas el centro de Amorebieta, donde ya se habían registrado incidentes, o el motín que protagonizaron varios jóvenes en un dispositivo de Karrantza, causando destrozos en el edificio y agrediendo a varios monitores, por el que fueron detenidos siete de ellos.

La Conferencia Sectorial de Migraciones, en la que participan las comunidades autónomas y el Gobierno español, se reunió dos veces en apenas un mes a finales de verano del año pasado tras más de tres años sin hacerlo. ¿El objetivo? Buscar una solución a la saturación de los centros de menores; en aquel momento, a Euskadi llegaba uno de cada diez de ellos. Junto a otras comunidades como Andalucía, reclamaba ese reparto, redistribución o establecimiento de cupos y la asunción, por parte de todas las regiones, de una parte proporcional de los menores. El Gobierno se comprometió a destinar 40 millones de euros para incentivar a las comunidades, acogerlos de forma solidaria y hacer así posible una distribución entre ellas. Finalmente, a la CAV solo le correspondieron dos millones de euros, una cifra que el Gobierno vasco consideró “una discriminación”, al no haber tenido en cuenta el número de menores atendidos en los últimos años y sí el incremento de menas en 2018, y al haber primado a las comunidades que ahora ofrecen plazas de acogida. “A las comunidades autónomas que durante años venimos trabajando, como legalmente tenemos que hacer, dando una atención de calidad a estos menores, no se nos reconoce ese esfuerzo”, lamentó la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, antes de criticar que tampoco conocen el criterio fijado para asignar los fondos económicos ni el número de menores que otras comunidades están dispuestas a acoger.

Investigación de Unicef Pero no solo las instituciones autonómicas reclaman un enfoque a nivel estatal de este ámbito; también entidades del tercer sector, como Unicef o Save the Children, han reclamado un pacto de Estado que garantice la atención de estos menores. En febrero, Unicef hizo público un informe con los resultados de una investigación que realizó en centros de protección y calles de Melilla, Ceuta, Madrid y Andalucía, y las conclusiones fueron devastadoras: no solo no se paliaba la situación de vulnerabilidad de estos menores, sino que, incluso dentro de los sistemas de protección, se agudizaban. Por ello, reclaman un Plan de Estado, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, para garantizar la coordinación entre ellas, recursos estables y una política común de protección. “Una de las evidencias más importantes que emanan de la investigación es la necesidad de una política integral y coordinada por todos los niveles de gobierno. Mirar para otro lado no es una opción”, advierte Unicef, quien ya había alertado de que el incremento en la llegada de menores extranjeros solos ha colocado en una situación “muy complicada” a comunidades como Euskadi, Catalunya, Andalucía o Madrid. “Hay que trabajar con urgencia, aumentando los recursos y la inversión para ofrecer una atención especializada a los chicos con problemas de adicciones y poner en marcha residencias pequeñas”, abogó su responsable de Migraciones, Sara Collantes. “Es importante dimensionar correctamente las cifras que han supuesto el colapso del sistema de protección en determinadas comunidades autónomas, pero no se puede hablar de avalancha, sino de que el sistema no estaba preparado para este número de niños”.

También desde Save the Children se ha criticado que en España “no hay una buena política de Estado” en cuanto a una corresponsabilidad ante un fenómeno que, en opinión de su director general en el Estado, Andrés Conde, atañe “a todos”. Por eso, defiende la necesidad de un planteamiento de Estado y no de comunidad autónoma. “No puede ser que cinco comunidades autónomas estén cargando con toda la responsabilidad”, advierte.