Bilbao - Las amenazas y agresiones a los profesionales sanitarios vascos están disparadas porque demasiadas veces pacientes o familiares pierden los papeles. Insultan, zarandean e incluso llegan a levantar la mano. Los profesionales de Osakidetza sufrieron el año pasado 403 episodios violentos, ya sea en forma de amenaza verbal o agresión física, que alcanzó la cifra de 106. Así lo muestran los datos ofrecidos por el sindicato de enfermería Satse, que reclama que la Administración ponga coto a un problema que va en aumento.

Las representantes sindicales Carmen Vide, delegada en el hospital de Cruces, y Encarna de la Maza, acudieron ayer a la comisión de Sanidad del Parlamento Vasco para exponer la realidad de un problema que, a su juicio, solo es la punta del iceberg de un fenómeno que apenas es denunciado, ya que ocho de cada diez profesionales de la sanidad dicen haber padecido una agresión en su lugar de trabajo.

Explicaron que de las 403 denuncias registradas, 24 fueron consideradas como accidentes, el hecho de mayor gravedad, pues supone que más allá de un incidente sí se registró una agresión que conllevó lesiones y baja médica. Por colectivos, el más afectado fue el de Enfermería, con 124 denuncias, ya que son los profesionales más a pie de cama. Muy de cerca le siguen los médicos (112), mientras que en 91 casos estuvieron involucrados auxiliares sanitarios. Por centros, el hospital de Basurto es el que registra una mayor beligerancia ya que contabilizó el mayor número con 62 casos, seguido de la Comarca de Bilbao (61), dado el gran volumen de población que aglutina, el Hospital Universitario de Araba que agrupa a Txagorritxu y Santiago (40), Cruces (35) y la red de salud mental de Bizkaia, con 31 denuncias.

La responsable de Salud Laboral del sindicato, Carmen Vide, indicó que la mayoría de episodios son de violencia verbal y tienen como víctimas propiciatorias a las mujeres, al considerarlas "más vulnerables". Respecto a los "accidentes", que son las agresiones que implican lesión, alerta de que su número está aumentando, representando un 72% el número de mujeres que las padecen. Sin embargo, Vide constata que la estadística oficial de agresiones es inferior a la real. En este sentido, detalla que "si como consecuencia de una agresión se rompe un ordenador, es Osakidetza quien presenta la denuncia, pero si a un trabajador le rompen la cara tiene que ser él el que acuda a comisaría a denunciar". Así, relató que en el hospital de Cruces, donde trabaja, se han dado situaciones como que el familiar de un ingresado puso un cuchillo encima de una incubadora. "Sin embargo no se denuncia porque cuando el trabajador acaba su turno lo que quiere es desconectar y además no confía en que se vaya a solucionar nada".

Las injustificadas actitudes violentas tienen lugar como reacción de enfermos o familiares ante un diagnóstico que no comparten, una supuesta atención deficiente, la negativa a realizar determinadas pruebas o simplemente porque, a su juicio, la espera ha sido demasiado larga. "En un contexto de recortes aumenta la probabilidad de este tipo de incidentes", puso de manifiesto.

La representante de Satse asegura que Euskadi cuenta con una normativa "insuficiente" para atajar este problema y reclama la aprobación de una ley para que las agresiones al personal sanitario tengan consideración de atentado contra la autoridad pública, porque cuentan con una mayor penalización. La falta de protección se traduce, por ejemplo, en que no existen detectores de metales para impedir que los pacientes puedan entrar con cualquier arma. Otra de las medidas de prevención que reclaman es la figura del comunicador o mediador, un profesional que informaría de la situación del paciente a sus familiares cuando está siendo tratado en Urgencias o durante una intervención quirúrgica.

El sindicato de enfermería también reivindica que Osakidetza resucite el observatorio para el estudio de la violencia en el ámbito sanitario. Tras recordar que en 2008 ya se creó este foro, Vide denunció que "a día de hoy, no se ha reunido ni una sola vez porque no ha querido", a pesar de que el sindicato lo ha solicitado por escrito, en mesas sectoriales, entre otros. Por todo ello, criticó la "dejación" por parte de la Administración y consideró necesario "la adopción de decisiones políticas que muestren un verdadero interés en aumentar la protección y prevención para los profesionales sanitarios", recalcó.