Bilbao. Sí de PSE-EE y PP. No rotundo de Aralar y EA. Y apoyo condicionado del PNV. Así está el tablero parlamentario en la partida del nuevo decreto que eximirá de presentar las certificaciones de euskera a las personas que quieran acceder a un puesto de trabajo en la Administración pública y hayan cursado sus estudios en euskera. Todos los grupos comparten el fondo de la cuestión, pero les separa la letra pequeña del decreto que pasará por Consejo de Gobierno a finales de año.

El borrador presentado ayer por la consejera de Cultura, Blanca Urgell, y la consejera de Educación, Isabel Celaá, no incluye ninguna novedad respecto a lo ya anunciado meses anteriores. El grado de exención que recibirá el alumnado dependerá directamente de su nivel de estudios. De esta forma, las personas con un título de graduado en Secundaria o de Formación Profesional de Grado Medio quedarán exentas de acreditar certificaciones equivalentes al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia, siempre y cuando hayan cursado en euskera más del 50% del currículum correspondiente y tengan aprobada la asignatura de lengua vasca y literatura durante los cuatro cursos. Los títulos de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior eximen de presentar un B2 , el equivalente al PL1 en Educación o al perfil 2 de la Administración general. Y con estudios universitarios se puede llegar hasta C1 y C2, el equivalente al EGA y experto. El decreto tendrá efecto retroactivo para todos los títulos obtenidos con posterioridad al 16 de abril de 2008.

A día de hoy, 37.000 personas están aprendiendo euskera en los euskaltegis pertenecientes a HABE. De esa cantidad, más de un cuarto son jóvenes de entre 16 a 25 años que pueden resultar beneficiados con el decreto de exenciones, con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo que supondrá el no tener que presentarse a los exámenes. "Pero no se trata tan solo de un tema de dinero. No podemos permitir que los jóvenes pasen sus mejores años enfrascados en trámites valdíos, que no sirven para nada", declaró la titular de Cultura. "Supondrá una liberación para muchos jóvenes que ahora mismo cursan sus estudios en euskera, ya que les quitaremos el peso adicional que suponía esa prueba añadida de idiomas a la que se veían sometidos", indicó Celaá.

Por su parte el PNV consideró que es una iniciativa necesaria para responder a la demanda de reconocimiento del nivel de euskera adquirido por el alumnado vasco. Así mismo, volvió a pedir el máximo rigor en la formulación del decreto, para ello, consideró que la propuesta venga avalada por los análisis e informes pertinentes.

En ese sentido, el PNV cree que se el Gobierno debe despejar toda duda sobre la conveniencia de establecer la exención a todo el alumnado que cursa más del 50% de la materia en euskera. A la parlamentaria jeltzale, Arantza Aurrekoetxea, le asombró que Urgell descartase la necesidad de informes y que considerase que la propuesta es lo suficientemente lógica como para no tener que presentarlos. Ante las críticas del PNV, Celaá corrigió a Urgell diciendo que son necesarios los informes técnicos, quedando en evidencia la descoordinación absoluta entre departamentos del Gobierno López.