BILBAO. La nueva ley del aborto entró ayer en vigor con la resistencia de las comunidades de Murcia y Nafarroa, que han mostrado su rechazo a la norma, mientras que el Gobierno de Zapatero confía en que en todas las autonomías se aplicará "con toda normalidad" y "sin mayores problemas".
Sin embargo, no es así. Y es que a la rebelión, aunque en menor medida, también llega a Madrid y Galicia. En el caso de la comunidad que dirige Esperanza Aguirre, su consejero de Sanidad señaló que "es un día muy triste para la mayoría de los que están en contra de la ley" y anunció que tiene intención de "proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios". Galicia también saboteará a su manera la nueva ley del aborto. La Xunta no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto del Gobierno estatal, las autonomías deben entregar a las gestantes desde ayer.
Sin embargo, y aunque la ministra Bibiana Aído se esforzó ayer en destacar "la lealtad institucional" de las autonomías, Murcia y Nafarroa ya han anunciado su rechazo a la ley. El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, ha afirmado que la práctica de abortos en Navarra "va a seguir siendo el mismo", es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como explicó la consejera de Salud, María Kutz.
Por su parte, el presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que "no hay razones para acatar" la ley del aborto puesto que esta "todavía no está en su punto y final", debido a que el Tribunal Constitucional (TC) no ha decidido sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Miguel Sanz.
La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por las declaraciones de Valcárcel ha explicado que las comunidades que gobiernan los populares "harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos. Además, la portavoz del Govern valenciano, Paula Sánchez de León, lamentó que se haya perdido la "oportunidad" de suspender la entrada en vigor de la ley "hasta que estuviera delimitada su constitucionalidad". En su opinión, "hubiera sido una oportunidad dejar en suspenso la entrada en vigor de la ley hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre su constitucionalidad".
más rechazos Estas autonomías no fueron las únicas voces críticas con la ley, la Conferencia Episcopal consideró que la norma "impone" en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y de género". Además, varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) han presentado ante el TC un recurso colectivo de amparo contra la ley del aborto, entre otros motivos, por la "ley de plazos".
"La embriología y la ciencia han avanzado y determinan de manera unánime, sin ningún tipo de discusión, que la vida humana empieza desde la concepción. Si el Constitucional quisiera hacer caso a la ciencia en vez de a ideologías, tendría que decir que, al empezar la vida humana allí, habría que respetarla", subrayó el presidente del CJTM, Javier María Pérez Roldán.
Con la reforma de la ley, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones y hasta la 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.
En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha estimado que la discapacidad "nunca" puede ser un hecho relevante que permita o determine "tratos desiguales a los derechos" y ha tachado la norma de discriminatoria.
Además, Ginecólogos por el Derecho a Vivir, formado por expertos en la materia de la plataforma ciudadana Derecho a Vivir, denunció que en el primer día de entrada a vigor de la ley no se ha informado a las mujeres de todas las alternativas y ayudas existentes para la maternidad. Entretanto, la Organización Médica Colegial (OMC) volvió a criticar que la ley otorgue exclusivamente al médico la responsabilidad de decidir si una menor de 18 años puede interrumpir su embarazo.
