El soberanismo catalán no exige solo repercusiones políticas por el Catalangate, sino que también ha abierto una vía judicial para tratar de esclarecer el espionaje masivo en la medida de los posible y que haya consecuencias penales contra quienes lo pusieron en práctica. En ese contexto, ayer se reunieron en la capital catalana varios de los abogados de los independentistas espiados, que detallaron cuáles serán los pasos a seguir en el camino de los tribunales a partir de ahora, entre los que figura una querella contra la empresa Pegasus.Así, el Aula Magna de la Universidad de Barcelona acogió el acto Catalangate, nos están espiando, que reunió a Andreu Van den Eynde, Gonzalo Boye, Benet Salellas y Antoni Abat i Ninet, los abogados que representan a las entidades y partidos afectados por el caso de espionaje político a una sesentena de dirigentes y militantes independentistas.
Fue un acto unitario que contó con asistencia de varias decenas de personas, entre ellas dirigentes como Josep Maria Jové y Diana Riba, de ERC; Eulàlia Reguant y Carles Riera, de la CUP; Quim Jubert, de JxCat; o los líderes de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, entre otros.
Consecuencias en la UE
En opinión de Gonzalo Boye, letrado de entre otros Carles Puigdemont, las repercursiones llegarán antes a nivel europeo que estatal. “Las primeras consecuencias jurídicas van a llegar desde fuera del Estado”, dijo, ante lo que considera que es “un delito de manual”.
Asimismo, Boye aludió a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se preguntó qué tenía que hacer un Estado ante un desafío como el independentista. “En Europa no se va a entender que un Estado democrático espíe al independentismo. Ningún magistrado puede justificar lo que es ilegal”, defendió al respecto.
En su intervención, el letrado Benet Salellas exigió a la Justicia y a la Fiscalía que “no rechacen su obligación” de investigar a “todas las agencias gubernamentales españolas”, al tratarse de información que solo podía estar a disposición de ellas. “No tenemos dudas de que las agencias gubernamentales españolas han participado”, señaló.
De hecho, según las defensas, se prevé que presenten en próximas semanas en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona una batería de querellas dirigidas contra la empresa israelí NSO Group; un movimiento con el que además se buscará que se investigue judicialmente a qué agencias gubernamentales del Estado pudo vender su programa, apuntando sobre todo al CNI.
Aunque por ahora no se especifica cuántas querellas se presentarán, ni si serán individuales o colectivas, las defensas se plantean pedir que se amplíe la investigación actualmente abierta por el espionaje al expresident del Parlament Roger Torrent y al concejal en Barcelona Ernest Maragall, también a través del sistema Pegasus.
Así, según Van den Eynde, el procedimiento abierto desde hace un año y medio por el espionaje al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, supone “un buen precedente”, pero avisó: “Ahora tenemos que hacer se suba a un escalón superior”.
“En la Unión Europea no se va a entender que un Estado democrático espíe al soberanismo”
Abogado de Carles Puigdemont
