Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, observa “varias lagunas” en los decretos de la Fiscalía del Tribunal Supremo por los que se han archivado las diligencias de investigación relativas a Juan Carlos I. En concreto, aprecia vacíos “sobre la veracidad y cuantificación de las complementarias del IRPF” presentadas por el emérito y reclama una mayor información. De entrada, señala que existe “una diferencia inexplicada de casi 3.000 euros en la primera regularización del 9 de diciembre de 2020” por las donaciones recibidas del empresario mexicano Allen Sanginés Krause entre 2016 y 2019. Ponen el foco también en los gastos sufragados por la Fundación Zagatka al monarca y a sus familiares y allegados. Señalan que la Fiscalía afirma que analizó los gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento “posteriores al 19 de junio de 2014”; y explican que teniendo en cuenta que la abdicación “no es una causa legal que divida el periodo impositivo que se devengó el 31 de diciembre de 2014, no se entiende por qué no se analizaron los gastos desde el 1 de enero de 2014”.

Los técnicos lamentan además que el Ministerio Público dé por bueno “el informe de identificación y cuantificación de contingencias fiscales realizado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de las complementarias del IRPF de 2014 a 2018 que el emérito presentó el 2 y 3 de febrero de 2021 por 3.544.906,22 euros de cuota más 871.851,24 euros de intereses. A su juicio queda una interrogante: “si el pago de esos gastos de viaje y alojamiento se regulariza en el IRPF en vez de en el Impuesto de Donaciones, la ONIF o la Fiscalía deberían informar si existe constancia de alguna contraprestación, ya que en caso contrario serían varias donaciones y la regularización por Renta no sería veraz, y no exoneraría los delitos fiscales de 2014 a 2018”.

Apuntan que el Ministerio Público desvela “un cabo suelto”, y es que el primo lejano del emérito, Álvaro de Orleans-Borbón, compró tres armas de fuego por 101.636,37 euros, IVA incluido, pagadas mediante una transferencia recibida de Zagatka el 29 de junio de 2018, y que finalmente regaló a Juan Carlos I. Por esta donación, el emérito es el donatario y la Fiscalía le calcula una cuota tributaria de 30.411,14 euros del impuesto sobre sucesiones y donaciones de 2018. Y cree que queda el interrogante de conocer “si el rey no ha regularizado y si la Comunidad de Madrid le ha iniciado una comprobación tributaria y sancionado por la eventual comisión de una infracción tributaria grave”.

Otra pata sin resolver es el fondo de Jersey, Gestha explica que la Fiscalía analiza el informe del Sepblac (la autoridad que vigila el blanqueo de capitales) que revelaba la existencia de un trust llamado The JRM 2004 Trust, constituido en Jersey en 2004 por Joaquín Romero Maura, con activos en entidades financieras de Jersey y Guernsey, y valoraba la existencia de indicios de que el propietario último de los fondos del trust podría ser el emérito porque sus fondos procedían de otros dos trust precedentes cuya finalidad era apoyar al entonces monarca, único beneficiario, en el caso de que fuera depuesto.

Y se apunta que si bien la Fiscalía no encuentra indicio que vincule The JRM 2004 Trust con el emérito entre 2004 y 2021, y afirma que, a partir de la abdicación del 19 de junio de 2014, las disposiciones del JRM 2004 Trust han sido de cuantías pequeñas; quedan dos interrogantes: “la Fiscalía debería informar de las conclusiones de su eventual investigación de la financiación, las actividades realizadas y las disposiciones de las personas y organizaciones benéficas beneficiarias del Trust entre 2014 y 2021, y aun cuando las disposiciones sean de pequeña cuantía, si se vinculan con el rey emérito invalidarían las complementarias de IRPF presentadas.