El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló ayer miércoles que respetará la condición que se dé sobre si Juan Carlos I forma parte o no de la Casa Real, un punto que es clave para que pueda prosperar el proceso judicial contra él en un tribunal de Londres por una denuncia de Corinna Larsen. En cualquier caso, Sánchez no quiso aclarar si en la actualidad el rey emérito forma parte de la institución monárquica.

“La condición que se dé será la que yo respete como presidente del Gobierno”, señaló Sánchez al ser preguntado sobre si considera que Juan Carlos I forma parte o no de la Casa Real, en declaraciones a los medios en la rueda de prensa de balance del año.

La defensa del rey emérito aseguró a principios del mes de diciembre que “goza de inmunidad” y que la justicia británica no es competente para atender la demanda presentada por Corinna Larsen que se estudia en los Reales Tribunales de Justicia, en Londres.

En su demanda, la examante del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección” y por la contratación a “exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno” para que interviniesen con el fin de “poner fin al acoso” que dice haber recibido por parte del emérito.

El abogado de Juan Carlos I explicó entonces que “hay al menos tres cuestiones de inmunidad que son pertinentes” en este caso. Defendió que el exmonarca es miembro de la Casa Real y se amparó en la Ley de Inmunidad del Estado aprobada en Reino Unido en 1978, cuyo ámbito de aplicación se extiende al soberano y a los miembros de su familia que forman parte de la Casa Real. Será por tanto la justicia británica quien deba dilucidar si el emérito aún forma parte de la monarquía.

Asimisimo, la defensa del emérito niega todas las acusaciones vertidas por Larsen e insiste en que el órgano competente para atender cualquier procedimiento sobre hechos vinculados al monarca posteriores a su abdicación es el Tribunal Supremo español.