La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pasado del bloqueo absoluto por la distancia sideral que separa al PSOE y el PP a la aparición de algunos brotes verdes que, por primera vez en meses, han hecho atisbar una posible solución a un problema que lleva enquistado desde 2018. El detonante de este horizonte más despejado del órgano de gobierno de los jueces fue la asunción, el pasado lunes, por el presidente del PP, Pablo Casado, de que dicha renovación debe hacerse conforme a la ley actual. El PSOE recogió ayer martes ese guante e interpretó las palabras del popular como "una señal". Pero, a tenor de las declaraciones de unos y otros, quedan todavía muchos flecos pendientes antes de que se pueda reconducir la situación.

"Abandone toda esperanza", trasladó Casado al Gobierno español el pasado agosto sobre la puesta al día del CGPJ. En cambio, el lunes admitió en TVE que están obligados a hacer dicha renovación con "el método actual". Insistió, eso sí, en que la "única condición" que reclaman al Ejecutivo es que a continuación "se cambie la ley" para que sean los jueces los que elijan a sus miembros y "nunca más haya sensación de politización". El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, vio ayer martes el vaso medio lleno y celebró que "Casado reconoce por primera vez que la renovación del CGPJ tiene que ir en la línea de la ley de 1985, que se fundamenta en el artículo 122 de la Constitución". Valoró que "una vez iniciado el proceso no se pueden cambiar las reglas del juego", y esta renovación se prolonga ya durante más de 1.000 días.

En una entrevista en RNE, Gómez se abrió además a dialogar "cualquier cambio que se pueda plantear". En cuanto a la sucesión de acontecimientos, instó primero a llevar a cabo la renovación "como siempre se ha hecho", y afirmó que después no tienen inconveniente en sentarse a negociar posibles cambios en el modelo, pero "respetando las mayorías que hay en el Congreso". Dicho de otro modo, el portavoz socialista apeló en primer lugar a la responsabilidad que debe asumir el PP para acabar con la "anomalía" de tener un mandato caducado desde hace "más de 1.030 días". "A partir de ahí, modificar, renovar, dentro del respeto a la representación el arco parlamentario y con el acuerdo de los partidos políticos, estamos dispuestos a hablar", apostilló.

En su intervención, Héctor Gómez recordó que la posición del PSOE parte de que el marco actual de elección, "que hasta ahora ha sido válido", ya tiene en cuenta a los jueces porque es necesario su aval para seleccionar a los candidatos que después son elegidos por el arco parlamentario, que a su vez "lo elige la ciudadanía". Añadió que la propuesta del PP de que sean los jueces quienes elijan a los doce vocales de la carrera judicial ya se debatió en el Congreso hace semanas y fue rechazada por mayoría absoluta, ya que el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados se oponen a ese modelo.

Rechazo de Podemos

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, matizó ayer martes las palabras de su líder de filas y aclaró que su proposición de ley para reformar el sistema de elección del CGPJ ya incluía una disposición para renovarlo conforme al modelo vigente, pero el PSOE lo rechazó en el Congreso. "Deberían leerse los papeles antes de votar", reprochó. Reiteró por ello su oferta de poner en marcha el cambio de modelo por el que abogan y después afrontar la renovación pendiente conforme a lo que marca la ley: "Si están dispuestos a hacerlo, pues encantados de que vengan al redil y se quieran sumar".

Pero el PSOE no solo tiene delante el frente del PP. Su socio de Gobierno, Unidas Podemos, rechaza de plano la propuesta de los de Casado de vincular la renovación del CGPJ a un modelo de elección de vocales por los propios jueces. El portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, alegó que todo sistema de renovación del órgano judicial debe pasar por una votación en las Cortes Generales. Insistió además en su propuesta de cambiar el sistema de mayorías parlamentarias para permitir una elección por mayoría absoluta, siempre que no sea posible por tres quintos de la cámara, algo a lo que el PSOE se niega por ahora.